La empresa dueña de Pacará Pintado lleva de nuevo a la Corte el caso por las 18 mil toneladas de basura
Servicios y Construcciones SRL planteó un recurso de queja y busca que el máximo tribunal de Tucumán revise el expediente. Un problema ambiental de «consecuencias nefatas».
La disputa judicial por unas 18.000 toneladas de basura depositadas en la ex planta de Pacará Pintado regresó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).
Servicios y Construcciones La Banda SRL, propietaria el predio, formalizó un recurso de queja ante el máximo tribunal, luego de que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazara el planteo para revisar la sentencia en contra del reclamo de la empresa para el traslado de esa montaña de residuos a la planta de Overo Pozo.
En concreto, mediante su apoderada, Silvia Peyracchia, formuló una serie de objeciones respecto al fallo que denegó la casación debido a que el escrito, según advirtió el tribunal, no se ajustaba en las formas a las pautas fijadas en la Acordada 1.498/2018, al haberse incluido 27 renglones en una de sus páginas, cuando el límite de líneas es 26.
Dicha resolución clausuró el debate en primera instancia, con lo que el Consorcio Metropolitano para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), integrado por municipios del Gran San Miguel de Tucumán, se liberó del reclamo para la remoción de los desechos depositados en Pacará Pintado hace más de una década.
La letrada advirtió que, dada la “trascendencia ambiental” del caso, el fallo de las juezas Ana María José Nazur y María Felicitas Masaguer incurrió en un “exceso ritual manifiesto”.
“Sin perjuicio de la manifiesta insignificancia del error de composición tipográfica, resulta imprescindible en el caso tener por superado el déficit señalado, conforme lo autoriza (…) la Acordada 1498/18, por cuanto la cuestión debatida (…) supone un grave riesgo para la vigencia de derechos y garantías tutelados con el orden constitucional, como el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado”, argumentó Peyracchia.
La abogada de la empresa marcó luego la “existencia en Pacará Pintado de 17.943 toneladas de residuos, cumpliendo un proceso de descomposición a ‘cielo abierto’”. “(Esto) impone la apertura del recurso casatorio en orden al control de legalidad del fallo que, en función del cúmulo de infracciones normativas y arbitrariedades denunciadas en el escrito casatorio, dejó sin resolver el problema ambiental complejo planteado en la litis, de larga data y consecuencias nefastas al medioambiente”, aseveró.
Los antecedentes: con sentencias en ambas direcciones
El caso tuvo su inicio en octubre de 2020, cuando la firma Servicios y Construcciones interpuso una acción de fijación judicial de plazo a fin de que se ejecute la resolución 002/14 del Girsu. Mediante dicho instrumento, según la empresa, el Consorcio Metropolitano se había comprometido a la limpieza de la playa de transferencia de Pacará Pintado. Los municipios que integran el ente rechazaron los argumentos de la demanda, y citando a expertos, advirtieron sobre el impacto ambiental de trasladar esos desechos a Overo Pozo.
El primer fallo, dictado por la Sala III en 2024, hizo lugar a la demanda y dio un plazo para el retiro de la basura. La empresa recurrió esta decisión y el caso llegó a la CSJT, que en septiembre de 2025 declaró nula aquella resolución y ordenó al fuero contencioso el dictado de una nueva sentencia. Dicho veredicto, a cargo de la Sala II, llegó en abril pasado, y rechazó el planteo de Servicios y Construcciones. Luego, el tribunal denegó el recurso de casación por la cuestión del “renglón 27”. Ahora, la firma propietaria de Pacará Pintado busca que el máximo tribunal revise otra vez el expediente. Así, todavía es incierto qué sucederá con las casi 18.000 toneladas de basura que permanecen en la ex planta de tratamiento. /La Gaceta
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