Jaldo prorrogó por otros 60 días la intervención del IPLA en medio del fallo que ordenó normalizarlo
Dante Loza continuará otros 60 días al frente del organismo, plazo que comenzó a contar desde el 12 de agosto, el mismo día en que salió a la luz la sentencia de la Cámara que manda a ponerle fin a la intervención y avanzar con la conformación del Directorio.
El gobernador Osvaldo Jaldo prorrogó por otros 60 días la designación de Dante Loza como interventor del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), en momentos en que el Gobierno provincial quedó obligado por un fallo de la Justicia a poner fin a una intervención que se mantiene desde hace más de 26 años y avanzar con la normalización institucional del organismo.
La medida quedó establecida mediante el Decreto N° 1.784/7 (MS), firmado el 4 de agosto, que dispuso la continuidad de Loza a partir del 12 de agosto y por un plazo de 60 días. De esta manera, la nueva prórroga comenzó a regir prácticamente en simultáneo con la sentencia de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que ordenó terminar con el régimen de intervención.
La coincidencia de los plazos adquiere particular relevancia: la Justicia otorgó al Poder Ejecutivo 60 días para normalizar el IPLA y el decreto extendió por exactamente el mismo período la permanencia de Loza como interventor, a contar desde el 12 de agosto. Ese mismo día se conoció la sentencia de la Cámara que ordena avanzan con la conformación del Directorio del organismo.
En los fundamentos del decreto, que fue publicado este jueves 20 de agosto en el Boletín Oficial, el Ejecutivo sostuvo que la tarea desarrollada durante la intervención fue «satisfactoria» y destacó que permitió al organismo tener «una más extensa, activa y eficiente presencia» en los controles sobre la venta y suministro de bebidas alcohólicas en la provincia.
Sin embargo, el propio decreto, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, incorpora una referencia directa al futuro institucional del IPLA. El Gobierno aseguró que es «absolutamente respetuoso de las Instituciones» y señaló que «actualmente se encuentra estudiando la normalización del citado ente», aunque consideró necesario garantizar mientras tanto la continuidad de las tareas que viene desarrollando la intervención.
La decisión administrativa había sido adoptada antes de que se conociera el fallo judicial: el decreto lleva fecha del 4 de agosto, mientras que la sentencia fue dictada el 11 de agosto. No obstante, la nueva prórroga comenzó a regir el 12 de agosto, cuando la resolución de la Cámara ya había puesto en discusión la continuidad del esquema de intervención.
El fallo que obliga a normalizar el IPLA
Como informó Tendencia de Noticias, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por Sergio Gandur y Ebe López Piossek, hizo lugar parcialmente a una acción de amparo promovida por propietarios de salones de fiestas y entretenimientos y ordenó al Ejecutivo terminar con la intervención y normalizar institucionalmente el IPLA.
La Cámara puso el foco en que una herramienta concebida legalmente como excepcional y transitoria terminó transformándose en la modalidad habitual de conducción del organismo. Según reconstruyó el tribunal, el IPLA permanece intervenido desde julio de 2000, durante la gestión del entonces gobernador Julio Miranda.
Uno de los puntos centrales del fallo está vinculado precisamente con el plazo de las intervenciones. La Ley 7.243, que regula el funcionamiento del instituto y habilita al Ejecutivo a intervenirlo en determinadas circunstancias, establece que esa situación no puede superar en ningún caso los 60 días corridos. La Cámara consideró que las sucesivas designaciones y prórrogas durante más de dos décadas terminaron desnaturalizando esa facultad.
De acuerdo con el régimen previsto por esa misma ley, la conducción ordinaria del IPLA debe quedar en manos de un Directorio compuesto por un presidente y dos vocales titulares, cuyos integrantes son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y tienen mandatos de cuatro años.
Por esa razón, los camaristas dieron al Gobierno un plazo de 60 días para adoptar los actos administrativos necesarios para terminar con la intervención y conformar el Directorio. El tribunal explicó que eligió ese período porque coincide con el plazo máximo que la propia ley contempla para una intervención y consideró que resulta suficiente para completar el proceso de normalización.
Una intervención renovada desde 2023
Loza había sido designado interventor del IPLA en octubre de 2023 y, desde entonces, su permanencia al frente del organismo fue sostenida mediante sucesivas prórrogas bimestrales. Esa mecánica también fue mencionada expresamente por la Cámara al reconstruir los antecedentes que llevaron a la actual situación institucional.
La última renovación se había dispuesto mediante el Decreto N° 1.171/7 (MS), del 28 de mayo de 2026, antecedente citado expresamente en el nuevo instrumento. Ante la proximidad de su vencimiento, el Ejecutivo resolvió extender nuevamente la designación por otros dos meses.
Ahora, el plazo de la nueva intervención y el período concedido por la Justicia para normalizar el organismo corren prácticamente en paralelo. Mientras Loza continuará al frente del IPLA durante esta etapa, el Ejecutivo deberá definir la conformación del Directorio si el fallo queda firme o si decide cumplirlo sin recurrirlo.
Jaldo había anticipado públicamente que su administración respetaría la decisión judicial. Sin embargo, el Gobierno todavía tiene abierta la posibilidad de recurrir la sentencia, mientras analiza los pasos administrativos para definir el futuro institucional del organismo.
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