Fondos viales y votos en el Congreso: qué dice la denuncia de Pagano sobre Tucumán
Entre la sanción de la Ley Bases y las sesiones de 2026, la Dirección Provincial de Vialidad tucumana registró pagos que la denuncia federal cruza con la conducta legislativa del bloque Independencia, aliado a La Libertad Avanza.
Tucumán aparece mencionada en los tres escritos que la diputada nacional Marcela Pagano presentó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, en los que se investiga si la liberación de fondos del fideicomiso vial a direcciones provinciales de vialidad fue utilizada como incentivo para obtener votos, abstenciones o ausencias en votaciones del Congreso durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
La denuncia original cita a Tucumán en dos pasajes. El primero corresponde al 19 de marzo de 2025, cuando la Cámara de Diputados aprobó el DNU 179/2025 sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 129 votos contra 108. Según el escrito, en la previa de esa sesión el Jefe de Gabinete difundía públicamente las obras acordadas con los gobernadores de Tucumán, Salta y Catamarca, cuyos diputados votaron afirmativamente o se ausentaron. El segundo pasaje retoma una investigación del diario La Nación publicada en agosto de 2026: allí se consigna que la Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán percibió $2.322,8 millones durante las tres ventanas legislativas identificadas para ese año -11 al 13 de febrero, 8 al 10 de abril y 19 al 21 de mayo-, destinados a la ruta provincial 307, con tres años de demoras y menos del 20% de avance físico. La denuncia atribuye ese acompañamiento a los legisladores alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo, que según el texto votaron a favor de las posiciones del Gobierno nacional en las tres sesiones. Se trata del bloque Independencia.
La primera ampliación de la denuncia, centrada en el correlato año por año entre pagos y votaciones, agrega otros dos episodios. El 27 de junio de 2024, día de la sanción definitiva de la Ley Bases en Diputados, el fideicomiso pagó $3.262 millones en la ventana de tres días, de los cuales $992 millones fueron al corredor vial Tucumán-Salta-Jujuy-Catamarca-Chaco-Formosa. El 21 de agosto de 2025, jornada en que el Senado rechazó los decretos delegados que disolvían, entre otros organismos, a la Dirección Nacional de Vialidad, la Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán cobró $945 millones. El mismo escrito ubica a Tucumán en el quinto lugar del ranking de provincias por monto acumulado en el trienio 2024-2026, con $13.006 millones, detrás de Jujuy, Córdoba, Misiones y Santiago del Estero. También registra que, del total de fondos recibidos por la provincia durante 2026, el 66,2% se cobró dentro de las tres ventanas legislativas del año.
La segunda ampliación, que cruza cada sesión con la conducta de los bloques provinciales, incorpora dos casos adicionales. El 27 de junio de 2024 identifica al bloque del gobernador de Tucumán, junto con los diputados de Jujuy y de Innovación Federal, entre quienes acompañaron la sanción de la Ley Bases. El 9 de octubre de 2024, día en que la Cámara sostuvo el veto presidencial al financiamiento universitario, el escrito atribuye ese sostenimiento a diputados radicales de Tucumán y de Misiones, y menciona en particular al diputado Roberto Sánchez Campero. Ese mismo día se pagaron $3.186 millones del fideicomiso, sin desagregar el monto correspondiente a Tucumán.
Al reclamo judicial se suma un planteo de naturaleza distinta, formulado por el legislador provincial José Cano, del radicalismo. Según un ejercicio proyectado que aplica los coeficientes de coparticipación federal a los fondos hoy administrados por el Ministerio de Economía, Tucumán dejó de recibir aproximadamente $36.041 millones entre enero y julio de 2026, a raíz de la decisión del Gobierno nacional de retener el 35,44% de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos en inversiones financieras destinadas a sostener el equilibrio fiscal. Ese porcentaje corresponde por ley a tres destinos específicos: el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (4,31%), el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (28,58%) y la compensación al transporte público (2,55%).
De acuerdo con un relevamiento de la consultora Galois, la masa total de recursos no transferidos a las 24 jurisdicciones del país alcanzó los $784.290 millones en el primer semestre de 2026. En ese ranking, Tucumán ocupa la sexta posición a nivel federal, detrás de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Entre Ríos.
Cano calificó la situación como una «retención indebida» y sostuvo que el monto no transferido a Tucumán habría permitido reparar más de 26.000 kilómetros de rutas en todo el país. El legislador afirmó. «Esos recursos están siendo retenidos por el Ministerio de Economía de la Nación y hasta hoy no se destinó un solo peso a obras viales». Y agregó que los fondos recaudados mediante ese impuesto deberían haberse destinado de manera transparente al mantenimiento de la infraestructura vial.
La disputa por estos fondos tiene un antecedente en 2025, cuando un grupo de gobernadores impulsó un proyecto para elevar la participación provincial en el impuesto a los combustibles al 57,02%. La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado por amplia mayoría, pero no reunió los votos necesarios en la Cámara de Diputados para reformar el esquema de coparticipación. //Créditos a Fernando Stanich para TendenciadeNoticias//._
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