El escándalo de los cheques por ventanilla explotó en el canal TN. El equivalente a casi 28 millones de dólares se esfumó en el aire tucumano.
Lo que la Justicia Federal de Tucumán intentó cerrar con un rápido archivo, se convirtió en un estruendo mediático en la Capital Federal. La magnitud de las extracciones y la sospecha de financiamiento político pusieron a la provincia en el centro de la escena nacional
El blindaje judicial que parecía haber sellado el destino de una investigación sensible en Tucumán se resquebrajó esta semana. Tras la difusión de los detalles en la pantalla de TN, el caso de las extracciones millonarias en efectivo ha dejado de ser un rumor de pasillo en los tribunales tucumanos para transformarse en un escándalo de indignación nacional.
«Estamos hablando de 39.000 millones de pesos», fue la frase que disparó la alarma. El dato, desglosado en el programa TN Central, revela una operatoria que desafía cualquier lógica de transparencia administrativa moderna:
el movimiento de fondos públicos, enviados por la gestión de Alberto Fernández y los primeros meses de 2024, mediante el cobro de cheques físicos por ventanilla.
Solo en el municipio de La Banda de Río Salí, el Banco Macro registró extracciones por 17.000 millones de pesos. La imagen de funcionarios o intermediarios retirando bolsos con efectivo en plena era de la digitalización bancaria es lo que terminó de «explotar» en la agenda de los medios nacionales.
La nota periodística hizo especial hincapié en un dato que la justicia local pareció omitir: la coincidencia temporal. Las extracciones no fueron aleatorias; se concentraron sospechosamente un mes antes y un mes después de las elecciones PASO y las generales.
Para los analistas nacionales, la vinculación entre los «bolsos de efectivo» y el financiamiento de la política territorial es una línea de investigación que resultaba ineludible, a pesar de que el fiscal Rafael Belruiz dictaminara la «inexistencia de delito».
El punto de mayor fricción en la noticia nacional es el archivo de la causa. Mientras organismos técnicos de la talla de la UIF (Unidad de Información Financiera) y la Procelac advertían sobre la necesidad de investigar un posible lavado de activos o malversación, la justicia tucumana optó por el camino rápido:
Justificación oficial: El pago a personas «no bancarizadas».
Reacción nacional: En los estudios de Buenos Aires, el argumento fue recibido con escepticismo, calificándolo de «escandaloso» y propio de un sistema de impunidad estructural.
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