Estafa azucarera en Tucumán: presunto fraude de $740 millones

Nueve denunciantes destaparon un presunto esquema Ponzi que usaba la compra de cargamentos de azúcar como anzuelo.

La Justicia Federal asumió la investigación de una causa penal que tiene como principal acusado al empresario Diego Gerardo Ovejero. Se lo señala como el cerebro detrás de una red de captación ilegal de fondos que utilizaba el comercio de azúcar a gran escala como fachada, logrando desviar más de $740 millones pertenecientes a ahorristas particulares bajo la promesa de intereses extraordinarios.

El anzuelo del azúcar y la ingeniería del engaño

Las especificaciones de la maniobra delictiva revelan que Ovejero seducía a sus víctimas ofreciendo tasas de retorno mensuales de entre el 12% y el 15%, un rendimiento imposible de igualar para la banca tradicional. Para dotar de credibilidad al negocio, el sospechoso firmaba contratos privados, entregaba pagarés y enviaba de forma fija videos y fotografías de supuestos depósitos, camiones y cargamentos de azúcar listos para la distribución. Durante los primeros meses, los inversores cobraban puntualmente los dividendos, lo que generaba una falsa sensación de seguridad que los impulsaba a reinvertir y recomendar el sistema a familiares y amigos.

Por otro lado, cuando la estructura comenzó a quedarse sin liquidez, se desplegó una serie de maniobras evasivas para ganar tiempo frente a los reclamos:

Cheques sin fondos: El emisor entregaba documentos bancarios de pago diferido que eran sistemáticamente rechazados por las entidades financieras por falta de respaldo.
Garantías duplicadas: Se detectó la entrega de automóviles como parte de pago cuyas transferencias y formularios 08 ya habían sido prometidos o firmados a favor de otros acreedores.
Empresas pantalla: Los investigadores rastrean el flujo de fondos a través de las razones sociales Food Trading Dos SAS, El Marqués SAS y Bellamar Estancias.

De la estafa común a los delitos federales contra el orden económico

Tras seis meses de acumulación de pruebas e informes comerciales, el Ministerio Público de la provincia concluyó que el caso superaba con creces un mero incumplimiento contractual civil. El juez de instrucción convalidó el planteo y remitió las actuaciones al fuero federal. Las tripulaciones de investigadores consideran que la operatoria encuadra de forma preliminar en el delito de intermediación financiera no autorizada, previsto para proteger el ahorro público y la estabilidad de los mercados regulados del país.

El avance de la causa en la Justicia Federal abrirá peritajes contables profundos sobre el patrimonio de Ovejero y sus socios directos para determinar si existieron maniobras de lavado de activos y evasión tributaria agravada. Los abogados de los damnificados anticiparon que el perjuicio global de $740 millones de pesos podría incrementarse sustancialmente en el corto plazo. Muchas de las víctimas de la región postergaron la judicialización de sus casos bajo la falsa expectativa de cobrar convenios de pago notariales que el acusado firmaba y luego incumplía de manera sistemática.