Elías de Pérez exige reglamentar la Ley de Salud Mental y Prevención del Suicidio
La mora en la puesta en marcha de herramientas administrativas de contención sanitaria reactivó el debate político en la Legislatura provincial.
La legisladora Silvia Elías de Pérez ingresó un proyecto de resolución para instar al Poder Ejecutivo a otorgar carácter prioritario a la reglamentación e instrumentación efectiva de la Ley N.º 9.923, aprobada en septiembre de 2025 para reestructurar la atención de la salud mental y la prevención del suicidio en Tucumán.
El proyecto parlamentario y los vacíos en la aplicación de la norma
La iniciativa parlamentaria busca acelerar la confección de protocolos, programas y dispositivos de atención complementarios que la normativa exige para operar a plena capacidad. En este sentido, la Ley 9.923 introdujo un esquema de abordaje integral, interdisciplinario y comunitario que fija responsabilidades directas en materia de detección temprana, seguimiento, posvención y capacitación institucional. De esta manera, Elías de Pérez advirtió que la falta de decretos reglamentarios frena la articulación entre los efectores sanitarios y los organismos públicos, remarcando que «en salud mental cada demora tiene consecuencias concretas sobre las personas que necesitan asistencia«.
La legisladora enfatizó que si bien las disposiciones directas de la ley continúan vigentes, resulta indispensable estructurar los programas de coordinación para garantizar el acompañamiento asistencial.
Exigencia de difusión pública y prioridad en las políticas provinciales
El texto presentado en la Cámara legislativa requiere además que, una vez concluidos los instrumentos administrativos y reglamentarios por parte del Gobierno provincial, se proceda a su inmediata publicación e instrumentación en las redes de salud pública. En este marco, la legisladora opositora subrayó la necesidad de que los efectores de salud y las instituciones intermedias cuenten con reglas de procedimiento claras para intervenir ante situaciones de crisis.
Asimismo, a casi un año de la promulgación del texto normativo en el Poder Legislativo, la representante parlamentaria concluyó que la preservación de la salud mental debe consolidarse como una prioridad ejecutiva real y no quedar reducida a una mera declaración formal. En consecuencia, la solicitud quedó a la espera de tratamiento en las comisiones de Salud Pública y Legislación General.
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