El vicegobernador Miguel Acevedo encabezó la reunión de Labor Parlamentaria donde se definió el orden del día para el 30 de julio.
El proyecto para prevenir inundaciones llega al recinto con un dictamen que prioriza el financiamiento sobre la complejidad operativa ideada en un primer momento
La Legislatura de Tucumán retomará su actividad en el recinto el próximo jueves 30 de julio, a las 9.00 horas, tras el acuerdo alcanzado este lunes en una reunión de Labor Parlamentaria presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo. En este encuentro, los presidentes de los bloques políticos definieron un temario para el actual período de sesiones extraordinarias, donde resalta la creación del Sistema Provincial de Alerta Temprana y Gestión Integral del Riesgo. Sin embargo, la iniciativa, que nació con una estructura técnica ambiciosa desde la Comisión Especial de Emergencia Hídrica, llegará al debate con un dictamen de comisión que se limitó fundamentalmente a los aspectos del financiamiento del sistema, dejando de lado la reglamentación detallada de su funcionamiento operativo que se contemplaba originalmente.
El proyecto original fue impulsado por legisladores de distintos espacios como Tulio Caponio, Alberto Olea, José Cano, Walter Berarducci, Roque Argañaraz, Raúl Moreno, Christian Rodriguez, Francisco Serra, Carlos Gallia y Eduardo Verón Guerra. Aquella propuesta inicial presentaba una estructura de gran complejidad técnica, compuesta por 19 artículos que incluían una escala unificada de cuatro niveles de alerta (verde, amarillo, naranja y rojo) de aplicación uniforme en todo el territorio. Además, contemplaba la creación de un «Registro Provincial de Recursos Materiales y Logísticos para Emergencias» y un «Padrón Provincial de Personal de Emergencia y Voluntariado», así como funciones específicas para un nuevo Departamento de Monitoreo dependiente de Defensa Civil.
La iniciativa contemplaba una estructura integral diseñada para prevenir y responder ante desastres naturales o humanos. Tenía como finalidad fortalecer las capacidades de prevención, mitigación y recuperación ante emergencias, promoviendo la articulación entre la Provincia, los municipios y las comunas. La Dirección Provincial de Defensa Civil actuaría como autoridad de aplicación, coordinando acciones con el Sistema de Salud, la Policía, Bomberos y organismos técnicos.
Asimismo, se disponía la creación de un área de funcionamiento permanente para la vigilancia continua de amenazas y la elaboración de mapas digitales dinámicos de riesgo hídrico y climático. El sistema establecía cuatro niveles de alerta identificados por colores, de aplicación uniforme en toda la provincia:
- Nivel Verde (Vigilancia Preventiva): Situación de normalidad con monitoreo rutinario.
- Nivel Amarillo (Riesgo Potencial): Condiciones favorables para fenómenos que pueden generar daños menores; se activa el estado de atención de los organismos de respuesta.
- Nivel Naranja (Riesgo Alto): Alta probabilidad de fenómenos peligrosos con daños materiales severos; requiere la preparación activa de comités de emergencia.
- Nivel Rojo (Emergencia): Evento en desarrollo o inevitable con riesgo para la vida humana; se activan automáticamente los protocolos de evacuación y rescate.
En paralelo, se creaba un registro digital de maquinaria vial, vehículos de transporte logístico, equipos de comunicación, motobombas y refugios temporales. Además de un Registro obligatorio del personal operativo público y miembros de organizaciones no gubernamentales o bomberos capacitados.
A su vez, cada jurisdicción debía designar un enlace local permanente y realizar simulacros de respuesta ante emergencias al menos una vez al año. Mientras se consideraría una falta grave que los funcionarios públicos desobedezcan las directivas de coordinación emitidas durante una emergencia declarada.
No obstante, el dictamen de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte, firmado el pasado 6 de julio, propone una versión sustancialmente más acotada de la norma. El documento, que lleva las firmas de los legisladores Caponio, Rodriguez, José Seleme, María Cejas, Olea y Verón Guerra, aconseja la sanción del proyecto enfocándose de manera central en el Artículo 12, relativo al financiamiento. Bajo esta nueva redacción, el sostenimiento del sistema queda supeditado a las partidas presupuestarias anuales de la Provincia, aportes del Estado Nacional o créditos multilaterales y donaciones privadas, omitiendo en el dictamen gran parte de la ingeniería de protocolos y registros que daban robustez a la propuesta de los autores originales.
Además del debate sobre la seguridad hídrica, la Cámara abordará otros asuntos de relevancia institucional y operativa para la provincia:
- Digesto Jurídico: Se tratará el proyecto de actualización de este cuerpo normativo para consolidar las leyes vigentes.
- Sistema de Monitoreo Post Legislativo: Una iniciativa destinada a evaluar el impacto real y la implementación de las leyes una vez sancionadas.
- Obras de Desagües Pluviales: Se someterá a votación el convenio suscripto entre el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para la ejecución de obras hidráulicas en la capital.
- Declaraciones de interés: El temario se completará con diversas declaraciones de interés legislativo.
La reunión de Labor Parlamentaria contó con una amplia participación de las autoridades de la Cámara y los referentes de las diversas bancadas. Estuvieron presentes el presidente subrogante, Sergio Mansilla; el vicepresidente segundo, Alfredo Toscano; y los secretarios legislativos Claudio Pérez y Alejandro Martínez.
Asimismo, asistieron los legisladores Roque Tobías Álvarez, Nancy Bulacio, Mario Leito, Ernesto Gómez Gómez Rossi, Cano, Carolina Vargas Aignasse, Silvia Elías de Pérez, Agustín Romano Norri, José Macome, Verón Guerra, Claudio Viña y Hugo Ledesma, quienes terminaron de dar forma al temario que se discutirá este jueves en el marco de las sesiones extraordinarias que se extenderán hasta el 31 de agosto.
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