El juez Ariel Lijo avanza a fondo en la causa contra Mariano Campero y otros libertarios que se beneficiaron con créditos millonarios del Banco Nación

El juez Lijo investiga al diputado Campero

El juez federal Ariel Lijo profundizó la investigación sobre los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados al gobierno de Javier Milei, con una decisión clave: pidió una auditoría integral a la Auditoría General de la Nación (AGN) y ordenó una batería de medidas de prueba para reconstruir en detalle cómo se otorgaron esos préstamos. En ese expediente, el diputado tucumano Mariano Campero aparece entre los investigados y su situación quedó bajo análisis directo de la Justicia.

La medida fue adoptada luego de que el fiscal Gerardo Pollicita impulsara formalmente la causa contra once personas: seis diputados nacionales, cuatro funcionarios y un empleado legislativo. El objetivo es determinar si los créditos hipotecarios fueron otorgados respetando las normas vigentes o si existieron irregularidades, beneficios indebidos o incumplimientos de los estándares bancarios.

Lijo solicitó al titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, que realice “a la mayor brevedad posible” una auditoría amplia sobre la política de créditos hipotecarios del Banco Nación en los últimos tres años. El pedido apunta a identificar posibles irregularidades en el otorgamiento de préstamos y establecer quiénes fueron los beneficiarios.

El requerimiento es exhaustivo. Incluye el análisis de toda la normativa interna del banco: reglamentos, manuales de procedimiento, comunicaciones, circulares, instructivos y cualquier instrumento técnico que haya regulado el acceso a créditos. También se deberá reconstruir cómo fue evolucionando esa política desde diciembre de 2023, es decir, desde la llegada de Milei al Gobierno.

Además, el juez dispuso informar del caso a la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, organismo que tiene injerencia en el control de la AGN.

Entre los nombres bajo investigación aparece el diputado tucumano Mariano Campero, cuya situación quedó incluida en el listado de beneficiarios de créditos que ahora son objeto de revisión. Junto a él, figuran otros legisladores y funcionarios como Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni, además de funcionarios como Juan Pablo Carreira, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Federico Furiase, Emiliano Mongilardi y Sharif Menem, entre otros.

En el caso de Campero, la Justicia busca determinar si el crédito que obtuvo fue otorgado cumpliendo los requisitos exigidos y si el proceso de evaluación crediticia se ajustó a los estándares normativos. También se analizará la documentación presentada, la trazabilidad de los fondos, la modalidad de pago y el estado actual del préstamo.

Qué documentación pidió la Justicia

El juzgado ordenó al Banco Nación que remita los legajos completos de los créditos otorgados a todos los investigados, incluido Campero. El pedido abarca:

Recibos de sueldo, comprobantes de ingresos y facturación
Consumos, gastos y movimientos bancarios
Contratos de preaprobación de los créditos
Escrituras y documentación de compra de las propiedades
Evaluaciones crediticias y análisis de riesgo
Cuentas utilizadas para el pago de los préstamos
Comisiones abonadas y modalidad de pago

También se requirió información de los registros de la propiedad inmueble para verificar la titularidad de los bienes adquiridos y si se trató de viviendas únicas o de segundas y terceras propiedades.

Otro punto clave es la solicitud de los manuales de “riesgos crediticios” del banco, con el objetivo de establecer si en los casos investigados se cumplieron los estándares exigidos o si hubo excepciones.

Cambios normativos bajo la lupa

Uno de los ejes centrales de la causa es una modificación normativa realizada en septiembre de 2024, durante la gestión de Daniel Tillard y Darío Wasserman en el Banco Nación. A través de la resolución 802, se amplió el universo de beneficiarios de créditos e incluyó a personas con ingresos del sector público que no estaban contempladas previamente, como funcionarios y cargos políticos.

Esa modificación permitió que legisladores y funcionarios accedieran a créditos hipotecarios incluso para segundas o terceras viviendas, con montos que llegaron hasta los 350.000 dólares.

Tras las denuncias y el escándalo público, en 2026 el banco emitió la circular 0092, que eliminó ese apartado y restringió nuevamente el acceso para cargos políticos.

La Justicia ahora busca determinar si esa flexibilización normativa derivó en otorgamientos irregulares o en condiciones privilegiadas para determinados beneficiarios.

Cruce de datos con el Banco Central y otros organismos

A pedido del fiscal Pollicita, el juez también ordenó al Banco Central, presidido por Santiago Bausili, que informe todo el marco normativo aplicable a los créditos hipotecarios, incluidas las comunicaciones, circulares y regulaciones vigentes desde diciembre de 2023.

Además, se solicitó información a la Jefatura de Gabinete para conocer los cargos ocupados por algunos de los investigados, y a la Cámara de Diputados para precisar desde cuándo ejercen sus mandatos y en qué bloques se desempeñan.

El objetivo es cruzar la información sobre funciones públicas con los beneficios crediticios obtenidos.

La causa apunta a establecer si los créditos fueron otorgados:

De manera indebida
Por fuera de los requisitos normativos
Con posibles beneficios o condiciones excepcionales
Sin respetar los criterios de evaluación de riesgo

También se intenta verificar si se generaron Reportes de Operación Sospechosa (ROS) en alguno de los casos.

En paralelo, el juez pidió conocer el número total de créditos hipotecarios otorgados desde diciembre de 2023, el monto total involucrado y qué porcentaje corresponde a funcionarios, empleados públicos y legisladores.