El Gobierno intervino el Puerto de Ushuaia por desvío de fondos y tensó la relación con un gobernador afín al kirchnerismo.
Tras detectar irregularidades financieras y presuntos desvíos de fondos que, según Nación, se utilizaron para cubrir gastos de la administración provincial de Tierra del Fuego. La medida fue adoptada a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y profundizó la tensión política con el gobernador Gustavo Melella.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 4/2026, firmada por el titular de la ANPyN, Iñaki Arreseygor. Desde el Ejecutivo explicaron que la intervención respondió a la falta de respuestas ante inspecciones, a denuncias de vaciamiento realizadas por trabajadores y a la preocupación de empresas navieras que operan en la terminal.
Irregularidades financieras y presunto desvío de fondos
Uno de los ejes del cuestionamiento oficial es el presunto incumplimiento de la Ley de Puertos, que prohíbe destinar recursos portuarios a fines ajenos al mantenimiento y mejora de la infraestructura. Según la ANPyN, un 33% del presupuesto habría sido utilizado para subsidios provinciales, mientras que solo 1,3% se habría orientado a obras y servicios del puerto.
El cálculo surge del análisis del Convenio de Colaboración N.° 26.174 entre el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos, encabezada por Roberto Murcia, que contempló una asistencia financiera por $4.000 millones.
Fallas operativas y tercerizaciones bajo la lupa
Las inspecciones detectaron deficiencias en la infraestructura —faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas desgastadas, problemas de tablestacado y deterioro de la carpeta asfáltica— y ausencia de registros claros de ingresos, egresos y compras. Además, la administración provincial habría tercerizado controles en una firma con objeto social ajeno a la actividad portuaria, lo que encendió alertas adicionales.
Cruce político con Tierra del Fuego
La intervención no se dio en un vacío político. Ushuaia es el segundo puerto de cruceros del país y un enclave estratégico por su cercanía a la Antártida. En Nación subrayan que la medida se circunscribe a irregularidades detectadas; sin embargo, el vínculo con Melella ya era tenso.
Murcia cuestionó la resolución y sostuvo que evidencia “un intento de forzar una intervención administrativa sin sustento”. Por su parte, Melella rechazó la medida y afirmó que “no existe una justificación objetiva”, aunque dijo mantener diálogo con el ministro del Interior, Diego Santilli, para preservar la operatoria y la previsibilidad.
Qué busca ahora el Gobierno
En el Ejecutivo deslizaron que un recambio en la conducción portuaria podría destrabar el diálogo político. Mientras tanto, la ANPyN quedará a cargo de la administración por el plazo fijado y Prefectura Naval Argentina asistirá en tareas de seguridad. Las operaciones diarias y las gerencias continuarán a cargo del personal fueguino.
Los considerandos de la resolución advierten sobre un desbalance entre préstamos e inversión, con riesgo para la sostenibilidad y la capacidad operativa del puerto. En Nación no descartan prorrogar la intervención si no hay correcciones de fondo.
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