El gobierno de EE. UU. volvió a apoyar a la Argentina en el juicio por YPF

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un memorándum clave ante la Cámara de Apelaciones. El escrito califica de «intrusivas» las exigencias de los demandantes en el caso YPF y advierte sobre posibles crisis diplomáticas

En un movimiento de alto impacto para la defensa de los intereses soberanos, la Procuración del Tesoro de la Nación, liderada por Sebastián Amerio, confirmó un apoyo fundamental proveniente de la Casa Blanca. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo la gestión de Pam Bondi —figura central del equipo de Donald Trump—, intervino formalmente ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El objetivo es avalar la moción de emergencia presentada por la República Argentina para suspender el proceso de discovery (exhibición de documentos y bienes) tras la sentencia del caso YPF.

El respaldo estadounidense se fundamenta en que las solicitudes de información realizadas por los fondos litigantes resultan excesivamente invasivas y vulneran los principios de cortesía internacional y reciprocidad. Según el documento oficial de la administración Trump, este tipo de procesos judiciales contra estados extranjeros “pueden tener importantes implicancias en materia de relaciones exteriores para Estados Unidos y afectar el trato recíproco que recibe el gobierno estadounidense en los tribunales de otras naciones”. El memorándum advierte que permitir este nivel de intromisión podría habilitar a tribunales de otros países a imponer medidas similares contra los propios Estados Unidos en el futuro.

El conflicto por el oro y las comunicaciones oficiales

El punto central de la fricción radica en la naturaleza de los activos y la información que pretenden obtener los demandantes. Los litigantes no solo han solicitado acceso a las comunicaciones privadas de altos funcionarios del gobierno argentino, sino que también han exigido precisiones sobre la ubicación de las reservas de oro pertenecientes al Banco Central. Argentina ha sido tajante al respecto, sosteniendo que dichos activos gozan de inmunidad soberana por pertenecer a una entidad jurídica separada y protegida por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).

Desde el Departamento de Justicia norteamericano señalaron que las exigencias en áreas tan sensibles, sumadas a la amenaza de sanciones monetarias y declaraciones de desacato contra el Estado argentino, pueden generar una “fricción significativa con gobiernos extranjeros”. Por este motivo, el escrito solicita al tribunal que, antes de ratificar la audiencia probatoria fijada para fines de abril de 2026, tenga en especial consideración el interés público y el impacto que estas decisiones tienen sobre la política exterior dirigida por el Poder Ejecutivo.

Un respiro en el frente externo

Este respaldo llega en una semana de logros significativos para la estrategia jurídica del país. Recientemente, Argentina logró sellar un principio de acuerdo con Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían reclamos activos por el default de 2001. Este entendimiento, informado a la jueza Loretta Preska, permite al equipo de Sebastián Amerio aislar y encapsular el complejo litigio de YPF, concentrando todos los recursos técnicos y diplomáticos en esta causa, mientras se fortalece el vínculo con la nueva administración en Washington.