El gobernador Jaldo defendió la compra de su casa en Tafí del Valle. La operación de U$S 300.000 dolares fue «totalmente transparente”, dijo.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, respondió públicamente a la polémica generada tras la publicación de una nota del diario La Nación que reveló la compra de una casa de fin de semana en Tafí del Valle por un valor de 300 mil dólares. En una extensa conferencia de prensa, el mandatario provincial aseguró que la adquisición se realizó de manera legal, con financiamiento bancario y con todas las declaraciones exigidas por la normativa vigente.

“Mi obligación como gobernador, como político y como tucumano es dar las explicaciones correspondientes”, afirmó Jaldo al comienzo de su descargo, en el que remarcó que el inmueble fue adquirido con recursos provenientes de su actividad privada como productor agropecuario, desarrollada desde hace más de cuatro décadas.

“Sí, efectivamente y legítimamente esa casa la compré yo en Tafí del Valle, a nombre de quien habla y de mi esposa. No vivo de la política. Tengo una actividad agrícola ganadera desde hace más de 40 años y está inscripta en ARCA”, sostuvo.

El gobernador enfatizó que la operación se concretó mediante un crédito hipotecario UVA otorgado por Banco Macro, el agente financiero de la Provincia, entidad con la que aseguró mantener una relación comercial desde mucho antes de ocupar cargos públicos. “Es una propiedad comprada legalmente y de manera transparente. Está a mi nombre, con hipoteca del Banco Macro. No necesito testaferros ni poner bienes a nombre de mis hijos. Todo lo que tengo está a nombre de Osvaldo Jaldo”, subrayó.

Según explicó, la vivienda fue incorporada a su declaración impositiva ante ARCA, incluida en su declaración jurada patrimonial exigida por la Ley provincial N.º 3981 y reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF), en cumplimiento de los controles correspondientes por tratarse de una Persona Políticamente Expuesta.

“Es una operación totalmente transparente, totalmente legal y en blanco, registrada en ARCA, en la UIF y en las declaraciones juradas de la provincia de Tucumán”, insistió. Y agregó: “Quiero que los tucumanos sepan que tengo todas las posibilidades económicas y financieras para hacerlo; de lo contrario, el banco no me hubiera otorgado el crédito”.

La controversia se originó a partir de una investigación publicada por La Nación, que informó que la propiedad fue escriturada el 13 de diciembre de 2024 y quedó hipotecada a favor del Banco Macro por más de $266 millones. El artículo también señaló que la última declaración jurada pública presentada por Jaldo ante la Oficina Anticorrupción de la Nación data de 2016, cuando asumió como diputado nacional.

Desde el Gobierno provincial aclararon que el mandatario no estaba obligado a presentar una nueva declaración ante ese organismo, ya que, aunque fue electo diputado nacional en 2025, nunca llegó a asumir la banca.

En ese contexto, el ministro del Interior, Darío Monteros, salió en defensa del gobernador mediante un extenso mensaje en redes sociales, en el que calificó la publicación como una maniobra con intencionalidad política.

“Cada vez que aparece una operación mediática, tenemos que volver a explicar lo que ya está documentado. La compra de la propiedad en Tafí del Valle no fue una maniobra oculta ni una operación irregular: fue una operación privada, bancarizada, escriturada y respaldada con una hipoteca”, afirmó.

Monteros también cuestionó el enfoque de la denuncia y vinculó la controversia con intentos de desgaste político. “Ya pasó con los supuestos 17.000 millones: se intentó montar una acusación que, cuando se la mira con seriedad, no era otra cosa que una operación política para generar sospecha e indignación selectiva”, sostuvo.

El funcionario agregó que la gestión provincial está concentrada en afrontar los problemas estructurales de Tucumán en un contexto económico complejo. “Hay una provincia que administrar en medio de un contexto nacional adverso, con caída de recursos, obras nacionales paralizadas y familias que hacen un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes”, expresó.

Con su descargo, Jaldo buscó cerrar la controversia y reafirmar que la compra del inmueble no presenta irregularidades. “Todo lo que tengo está declarado en tiempo y forma y en las instituciones que corresponden. Lo que quiero es que los tucumanos tengan la versión oficial”, concluyó.

La nota periodística que desató la controversia detalló que la escritura de la propiedad está fechada el 13 de diciembre de 2024 y que el inmueble quedó hipotecado a favor del Banco Macro por $266.250.000. Según la investigación, la inscripción definitiva en el Registro Inmobiliario se realizó el 22 de enero de 2025 y la propiedad figura a nombre del gobernador y de su esposa, Ana María del Valle Grillo.

El artículo también recordó que el Banco Macro es el agente financiero oficial de la provincia desde 2019, cuando absorbió al ex Banco del Tucumán, y planteó interrogantes sobre las declaraciones juradas del mandatario. En ese sentido, señaló que la última presentación pública de Jaldo ante la Oficina Anticorrupción de la Nación data de 2016, cuando asumió como diputado nacional, y remarcó que no existía una declaración correspondiente a su candidatura legislativa de 2025.

La publicación añadió que, aunque la Ley provincial N.º 3981 obliga a los funcionarios tucumanos a presentar declaraciones juradas patrimoniales, esas presentaciones no son de acceso público y la provincia no cuenta con un organismo equivalente a la Oficina Anticorrupción nacional que permita verificar su contenido. También consignó que voceros del Gobierno provincial afirmaron que el gobernador tiene toda su documentación presentada “en tiempo y forma” tanto ante los organismos provinciales como ante ARCA.