El FMI cuestionó demoras en las declaraciones juradas y reclamó más controles anticorrupción
El organismo advirtió sobre falencias en transparencia, conflictos de interés e independencia judicial, aunque respaldó el rumbo económico del Gobierno
El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una dura advertencia sobre los mecanismos de transparencia y control institucional en la Argentina al señalar deficiencias en las declaraciones patrimoniales de funcionarios, debilidades en la prevención de conflictos de interés y problemas vinculados a la independencia judicial.
Las observaciones forman parte del informe técnico difundido tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el gobierno de Javier Milei, que habilitó un nuevo desembolso de USD 1.000 millones para el país.
El documento, incluido en el apartado “Evaluación de los marcos de gobernanza económica y anticorrupción”, combina elogios al programa económico oficial con cuestionamientos directos sobre el funcionamiento institucional argentino.
Uno de los puntos más sensibles del reporte hace referencia al sistema de declaraciones juradas de funcionarios públicos. “Los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual”, sostuvo el staff técnico del organismo.
La observación tomó especial relevancia en medio de la polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las discusiones públicas sobre sus viajes al exterior y el crecimiento de su patrimonio.
El plazo original para la presentación de declaraciones juradas vencía el 30 de mayo, aunque el Gobierno dispuso una prórroga hasta el 31 de julio ante la Oficina Anticorrupción.
El FMI también cuestionó los mecanismos de control sobre incompatibilidades y conflictos de interés. “Las normas sobre conflictos de interés continúan limitadas por reglas permeables y una débil capacidad de control”, indicó el informe.
Además, el organismo internacional expresó preocupación por el funcionamiento del sistema judicial argentino. “La percepción de una independencia judicial limitada y de politización sigue siendo motivo de preocupación”, afirmó el reporte.
En otro tramo, el staff agregó que persisten “demoras en causas de alto perfil y escasa rendición de cuentas de altos funcionarios”, situación que —según el FMI— evidencia la necesidad de fortalecer la independencia de fiscales y mejorar la transparencia judicial.
Pese a esas críticas, el organismo respaldó la política económica impulsada por el Gobierno desde diciembre de 2023 y destacó las medidas de desregulación implementadas por la administración libertaria.
El informe remarcó que la eliminación del déficit fiscal, la reorganización de programas sociales, la reducción de regulaciones y la flexibilización de controles administrativos ayudaron a disminuir espacios históricamente asociados a prácticas de corrupción.
“Las reformas redujeron el gasto discrecional y los controles administrativos que históricamente facilitaron prácticas de búsqueda de rentas y corrupción”, señaló el documento.
Sin embargo, el Fondo aclaró que la estabilidad económica por sí sola no garantizará el éxito del programa argentino si no se fortalecen las instituciones de control.
Entre las principales recomendaciones incluidas en el reporte aparecen el fortalecimiento de la independencia judicial, la mejora de los sistemas de declaraciones patrimoniales, mayores controles sobre conflictos de interés y más transparencia en contrataciones públicas y privatizaciones.
El organismo también sugirió avanzar en modificaciones vinculadas a la Ley de Ética Pública para reforzar los mecanismos de prevención y control dentro del Estado.
El informe fue difundido luego de que el directorio ejecutivo del FMI aprobara la continuidad del programa económico argentino y destacara avances legislativos impulsados por el oficialismo, entre ellos la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Modernización Laboral.
Aun así, el documento dejó en claro que, para el Fondo, la consolidación del rumbo económico deberá ir acompañada de mayores garantías institucionales, transparencia estatal y mecanismos efectivos de control anticorrupción.
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