El escándalo por la limpieza en el subsuelo del Tribunal Oral Federal llegó al Consejo de la Magistratura
DESTRUCCION DE PRUEBAS. El procedimiento que terminó inutilizando evidencia clave en varios juicios será investigado por el Consejo de la Magistratura.
El Consejo de la Magistratura de la Nación dio un nuevo paso en el análisis de la controvertida limpieza realizada en mayo pasado en el subsuelo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán, un procedimiento que derivó en una denuncia penal y generó un fuerte conflicto interno dentro del organismo judicial. Durante su última sesión, el cuerpo aprobó un pedido de informes para obtener documentación oficial sobre el operativo, determinar cómo se llevó adelante y conocer el destino de los elementos retirados.
La medida apunta a esclarecer lo ocurrido el 11 de mayo, cuando la jueza Cristina Giordano, quien subrogaba el TOF, ordenó intervenir los depósitos ubicados en el edificio de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco. El procedimiento contó con la participación de Gendarmería Nacional, que aportó camiones para retirar materiales acumulados durante décadas, entre ellos secuestros judiciales, mobiliario, computadoras, documentación y otros bienes pertenecientes al tribunal.
La limpieza fue posteriormente cuestionada por el secretario de Cámara, Hugo César del Sueldo Padilla, quien presentó una denuncia penal al sostener que el operativo había sido dispuesto por los tres jueces subrogantes que integraban entonces el tribunal: Ana Carina Farías, como presidenta subrogante, Federico Bothamley y Cristina Giordano.
En su presentación, Del Sueldo Padilla afirmó que se opuso desde un primer momento al retiro de los elementos debido a que, en su condición de custodio de los secuestros judiciales, entendía que la medida no respetaba los procedimientos legales establecidos. Según declaró inicialmente ante el fiscal federal Agustín Chit —causa que luego pasó a manos del fiscal Rafael Vehils Ruiz y del juez José Manuel Díaz Vélez—, consideró que la remoción constituía un acto «fuera de la ley» y que debía impedirse.
La denuncia también expuso que en el subsuelo permanecían elementos vinculados a causas penales en trámite, expedientes con juicios aún pendientes y procesos que no contaban con sentencia firme.
De acuerdo con su relato, durante la limpieza se retiraron cajas y numerosos objetos con la intervención de empleados judiciales y efectivos de Gendarmería, mientras se confeccionaban planillas para clasificar qué materiales debían conservarse y cuáles serían descartados.
Entre los bienes mencionados figuraban expedientes judiciales, armas, dinero, muestras de estupefacientes, vehículos, computadoras, teléfonos celulares, relojes y otros elementos incorporados como prueba en distintas investigaciones.
Del Sueldo Padilla también advirtió sobre la situación del denominado caso «Ale», al señalar que ese expediente todavía no estaba definitivamente concluido debido a que restaba cumplir una resolución de reenvío dictada por la Cámara Federal de Casación Penal.
La preocupación también fue planteada por el fiscal federal Pablo Camuña, representante del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Oral Federal, quien solicitó información sobre la resolución que autorizó el operativo, las normas aplicadas, el acta correspondiente y la identidad del funcionario que intervino en el procedimiento.
El interés de la Fiscalía radicaba en determinar si entre los materiales retirados había pruebas pertenecientes a causas que aún no habían sido juzgadas.
En su denuncia, el secretario calificó lo ocurrido como un hecho que, a su criterio, «excede cualquier abuso de poder» observado durante sus más de cuatro décadas de trayectoria dentro del Poder Judicial.
El expediente llegó posteriormente al Consejo de la Magistratura a partir de una presentación realizada por la legisladora Silvia Elías de Pérez, quien solicitó que el organismo analizara las circunstancias del operativo y evaluara la eventual responsabilidad disciplinaria de los magistrados involucrados.
Durante el tratamiento del caso, el consejero y camarista federal Alberto Lugones impulsó un pedido formal para que la Cámara Federal de Tucumán informe si tuvo conocimiento de la remoción de los secuestros judiciales, si fue notificada sobre la presunta desaparición de 58 comprimidos de Alprazolam y si el secretario del tribunal había advertido irregularidades relacionadas con elementos secuestrados correspondientes a causas en trámite que motivaran actuaciones administrativas o la denuncia penal.
Ese requerimiento fue aprobado por el Consejo. La referencia a los comprimidos de Alprazolam cobra relevancia porque, según trascendió, en un juicio el Ministerio Público Fiscal desistió de sostener la acusación luego de que ese material desapareciera durante el procedimiento de limpieza.
Con la actuación disciplinaria ya en marcha, el Consejo de la Magistratura deberá reunir la documentación y las explicaciones solicitadas para establecer si el operativo realizado en mayo respetó las normas que regulan la custodia, conservación y eventual destrucción de bienes secuestrados en procesos judiciales, mientras la investigación penal continúa sin avances significativos.
About The Author
