El consumo de alcohol a los 8 años marca el comienzo de un silencioso genocidio que arrasa con el interior salteño
ADICCIONES. Loe niños salteños, desde los 8 años, consumen alcohol, luego inhalan combustible, acceden a psicofármacos y siguen con la pasta base hasta hundirse en el pozo sin fondo de las adicciones.
El consumo de alcohol etílico y la inhalación de combustibles entre niños y adolescentes encendieron las alarmas en comunidades originarias del norte de Salta, donde referentes indígenas denunciaron situaciones de extrema vulnerabilidad social y reclamaron una intervención urgente del Estado. La problemática, que también alcanza a otras regiones de la provincia con diferentes modalidades de consumo, se desarrolla en un contexto de pobreza, dificultades de acceso a tratamientos y creciente preocupación por el narcotráfico.
Uno de los escenarios más críticos se encuentra en Rivadavia Banda Norte y Santa Victoria Este, donde familias y representantes de comunidades wichí advirtieron sobre menores que consumen sustancias peligrosas desde edades tempranas.
Entre las denuncias más preocupantes aparecen casos de niños que inhalarían nafta para disminuir la sensación de hambre. Aunque estos testimonios todavía requieren investigaciones sanitarias específicas, los especialistas advierten que la exposición a combustibles puede provocar intoxicaciones graves, daños neurológicos permanentes e incluso la muerte.
Otra situación alarmante es el consumo de alcohol etílico destinado a usos domésticos o sanitarios, una sustancia cuyo bajo precio y facilidad de acceso favorecen su utilización indebida.
En Coronel Juan Solá, conocida como Morillo, y Santa Victoria Este se establecieron prohibiciones de venta a menores de edad, acompañadas por sanciones económicas para quienes incumplan las restricciones.
Sin embargo, la gravedad del problema quedó reflejada en episodios en los que menores llegaron a ingresar por la fuerza a establecimientos sanitarios para sustraer botellas de alcohol.
El gerente del hospital de Morillo, Adrián Cardozo, informó durante una reunión comunitaria que el área operativa comprende aproximadamente 2.500 menores de 18 años y que se habían detectado situaciones de consumo de alcohol en niños de apenas 8 a 10 años.
El profesional también expresó su preocupación por los adolescentes que abandonan la escuela secundaria, una circunstancia que agrava su vulnerabilidad, aunque no necesariamente está relacionada de manera directa con el consumo de sustancias.
Durante el encuentro, caciques y referentes indígenas solicitaron medidas que involucren a las familias, las escuelas y las organizaciones comunitarias.
“Queremos trabajar para sacar a nuestros niños del pozo”, expresaron al reclamar respuestas sostenidas frente a una problemática que afecta a numerosas familias.
El secretario provincial de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, reconoció la complejidad de la situación y sostuvo que las soluciones requieren continuidad y coordinación entre diferentes organismos.
“No hay soluciones mágicas y nada se logra de manera inmediata”, manifestó el funcionario, quien destacó la importancia de articular acciones con las comunidades, los establecimientos educativos y las áreas de salud, seguridad y desarrollo social.
La problemática presenta características diferentes según la región de Salta.
En los departamentos Orán y San Martín, la cercanía con las fronteras internacionales aparece como un factor relevante por la circulación ilegal de estupefacientes.
En ciudades como Orán, Tartagal, Salvador Mazza y Aguas Blancas, la pasta base figura entre las sustancias que generan mayor preocupación, especialmente en sectores socialmente vulnerables.
También existen advertencias sobre posibles comienzos de consumo entre los 10 y 12 años.
En el sur provincial y el departamento Anta, localidades como Joaquín V. González, Metán y Rosario de la Frontera registran problemas vinculados principalmente con el abuso de alcohol y su combinación con otras sustancias.
En los Valles Calchaquíes, especialmente en Cafayate y Cachi, los reportes mencionan consumos simultáneos de alcohol, marihuana y psicofármacos.
Pese a la extensión territorial del problema, Salta todavía no cuenta con estadísticas integrales que permitan determinar cuántas personas atraviesan situaciones de consumo problemático, a qué edades comienzan o cuáles son los resultados de los tratamientos disponibles.
Esta falta de información dificulta tanto el diseño de políticas públicas como la evaluación de las medidas de prevención y asistencia.
La preocupación también alcanza al ámbito judicial, donde el consumo de sustancias aparece mencionado en investigaciones por episodios de violencia familiar.
Uno de los casos más recientes ocurrió el 19 de octubre de 2026, en el barrio Facundo Quiroga de Joaquín V. González, donde una mujer de 38 años murió después de ser agredida dentro de una vivienda.
Por el crimen fue detenido su hijo, de 21 años, mientras que la investigación quedó a cargo de la fiscal penal María Celeste García Pisacic.
La autopsia preliminar estableció que la víctima falleció como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano grave.
Entre las versiones surgidas después del hecho se mencionaron una discusión por dinero y la posibilidad de que el acusado hubiera consumido alcohol. Sin embargo, ninguna de esas circunstancias puede considerarse acreditada mientras continúe la investigación judicial.
Otro antecedente de fuerte repercusión fue el asesinato de María Leonor Giné, conocida como Tita, ocurrido en marzo de 2020 en la ciudad de Salta.
La mujer, de 70 años, fue encontrada sin vida en su departamento de calle Belgrano al 900, con más de treinta heridas de arma blanca.
Por el homicidio fue condenado su nieto, Agustín Morales, quien recibió inicialmente una pena de 19 años de prisión en 2021.
Posteriormente, en julio de 2023, la Sala I del Tribunal de Impugnación informó la imposición de prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo y criminis causa.
En aquella resolución, el juez Luciano Martini señaló que la adicción a sustancias estupefacientes no constituye, por sí misma, una circunstancia extraordinaria que permita atenuar la responsabilidad penal.
Los antecedentes judiciales reflejan la necesidad de abordar los consumos problemáticos sin establecer relaciones automáticas entre las adicciones y la comisión de delitos, ya que cada hecho requiere una investigación específica.
Mientras tanto, las comunidades originarias insisten en que la prevención no puede limitarse a controles policiales o restricciones comerciales.
Los reclamos apuntan a garantizar alimentación, educación, atención sanitaria especializada y acompañamiento familiar, especialmente para los niños y adolescentes expuestos a situaciones de mayor vulnerabilidad.
La ausencia de estadísticas completas y las dificultades para acceder a tratamientos continúan siendo dos de los principales obstáculos para enfrentar una problemática que, según reconocen las propias autoridades, requiere respuestas coordinadas y sostenidas en el tiempo.
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