Denuncia de violencia intrafamiliar: una periodista con discapacidad visual afirma que vive “en riesgo de muerte” y acusa inacción judicial

La mujer sostiene que familiares se habrían apropiado de parte del inmueble

Una grave situación de violencia intrafamiliar fue denunciada por Liliana Antonia Romano, periodista y con discapacidad por baja visión, quien informó que vive bajo constantes agresiones y en condiciones que ponen en riesgo su vida dentro de su propia casa, ubicada en calle Güemes al 800.

Según la documentación presentada ante la Justicia y el Ministerio Público Fiscal, la mujer sostiene que familiares se habrían apropiado de parte del inmueble en el marco de un conflicto sucesorio, situación que derivó en una escalada de violencia que, afirma, lleva años.

La denunciante aseguró que existe una medida de protección vigente desde 2024, pero que no se estaría cumpliendo, y que pese a reiteradas presentaciones judiciales y médicas, no obtiene respuestas efectivas.

En su relato, Romano describe episodios de extrema gravedad. Denunció haber sido golpeada, amenazada e incluso haber sufrido intentos de asfixia, en hechos que —según consta en actuaciones judiciales— no serían aislados sino reiterados en el tiempo.

Uno de los puntos más alarmantes del caso es la denuncia sobre el estado de la vivienda. Romano afirma que sectores de la casa habrían sido “electrificados”, lo que le provocó descargas eléctricas, y que la situación se agravó con la humedad y las lluvias recientes. También sostiene que le restringen el acceso a servicios básicos como el agua.

A esto se suma el deterioro estructural del inmueble. Las imágenes aportadas muestran paredes con humedad extrema, instalaciones precarias y riesgo potencial tanto de derrumbe como de contacto eléctrico, lo que refuerza la denuncia sobre peligro inminente.

La mujer indicó además que cuenta con pruebas médicas, registros de denuncias y actuaciones judiciales, y que incluso habría intervención de organismos como la Oficina de Violencia Doméstica. Sin embargo, asegura que “nadie inspeccionó la vivienda” pese a la gravedad de lo denunciado.

En paralelo, el conflicto tiene un capítulo civil: Romano inició un juicio de desalojo en 2024, que aún no registra avances significativos, según su testimonio. También señala demoras en la ejecución de medidas cautelares.

“Vivo con miedo todos los días. Estoy en riesgo constante y no tengo protección efectiva”, expresó la denunciante, quien pidió que su caso se haga público ante lo que considera un cuadro de abandono y violencia institucional.

El caso quedó ahora bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades y evaluar las medidas urgentes para resguardar la integridad de la denunciante. Mientras tanto, la situación expone un escenario crítico donde se combinan conflicto familiar, denuncias penales y cuestionamientos al accionar judicial.