Déficit habitacional: desde el IPV detectaron más de 800 casas vacías solo en el centro de la Capital
Desde el IPV advierten sobre la cantidad de inmuebles sin uso en la zona céntrica y recomiendan apelar a la densificación como una alternativa que, promueve además la recuperación económica.
La existencia de cientos de viviendas desocupadas en pleno centro de San Miguel de Tucumán volvió a instalar el debate sobre la crisis habitacional en la provincia. Un relevamiento impulsado por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) identificó 822 inmuebles sin ocupar dentro del área comprendida por las cuatro avenidas, mientras más de 63.000 familias permanecen inscriptas en busca de una solución habitacional. Ante este escenario, el organismo plantea avanzar en políticas conjuntas con el municipio y el sector privado para reutilizar inmuebles, aumentar la densidad urbana y recuperar terrenos baldíos.
El diagnóstico fue presentado por el presidente del IPV, Hugo Cabral, quien resumió la situación con una frase que refleja la paradoja del mercado inmobiliario tucumano: “Hay muchas casas sin gente y muchísima gente sin casas”.
El estudio, realizado por profesionales contratados por el organismo, relevó únicamente el casco céntrico de la capital y detectó 547 viviendas ofrecidas en venta o alquiler y otras 275 en estado de abandono. En total, se contabilizaron 822 inmuebles deshabitados en un área de apenas 20 kilómetros cuadrados, equivalente al 22% de la superficie de San Miguel de Tucumán, que abarca 91 kilómetros cuadrados.
El informe no incluyó departamentos ni el resto de la ciudad, por lo que desde el IPV consideran que la cantidad total de viviendas vacías en la capital sería considerablemente mayor.
Cabral sostuvo que esta realidad obliga a replantear las políticas habitacionales tradicionales y propuso abordar el problema mediante una estrategia coordinada entre el Estado provincial, el municipio y el sector privado, teniendo en cuenta la creciente demanda de viviendas tanto en el Gran Tucumán como en el resto de la provincia.
El funcionario explicó que el sistema enfrenta un doble desafío: por un lado, atender una demanda histórica acumulada durante años y, por otro, responder a nuevas necesidades vinculadas con viviendas más eficientes y sustentables.
«Trabajamos sobre una agenda vieja, con muchos incumplimientos. Esto no ocurre solamente en la capital, sino en la mayoría de las ciudades del país. La población envejeció, hay cada vez más personas que viven solas y muchas viviendas permanecen vacías. Es necesario actualizar esa agenda», sostuvo.
La magnitud del déficit también se refleja en el registro oficial del IPV. Actualmente existen 63.000 familias inscritas para acceder a una vivienda, de las cuales 44.430 pertenecen al área metropolitana.
La mayor concentración de demanda se registra en San Miguel de Tucumán, con 30.986 inscriptos. Luego aparecen Las Talitas (3.094), Tafí Viejo (2.718), Yerba Buena (2.302), Banda del Río Salí (2.091), Alderetes (1.708), El Manantial-San Pablo (964), San Andrés (488) y San Felipe-Santa Bárbara (79).
Cabral comparó esos números con la situación nacional y recordó que en Argentina existen alrededor de seis millones de personas sin vivienda propia, sin contar a quienes alquilan por necesidad y no por elección.
También destacó el peso histórico de la política habitacional estatal en Tucumán. Según precisó, la capital cuenta con 323 barrios, de los cuales 120 fueron construidos mediante programas públicos de vivienda, lo que representa el 37,15% del total. No obstante, reconoció que el IPV arrastra más de una década de incumplimientos y advirtió que ese atraso no podrá revertirse en el corto plazo.
Las propuestas del organismo fueron expuestas durante la octava audiencia pública convocada para debatir la reforma del Código de Planeamiento Urbano de San Miguel de Tucumán y luego ampliadas por Cabral.
Entre las alternativas planteadas figura la densificación de sectores con baja ocupación urbana. El titular del IPV explicó que barrios como Villa 9 de Julio presentan actualmente un promedio de 18 familias por cuadra y consideró que, mediante la incorporación de uno o dos niveles adicionales en las viviendas existentes, podría duplicarse esa cifra hasta superar las 40 familias por cuadra.
Según señaló, experiencias similares desarrolladas en otras ciudades demostraron que el incremento de la densidad genera una rápida reactivación económica, impulsa la apertura de comercios de cercanía y mejora la prestación de servicios urbanos.
Otra de las iniciativas apunta a recuperar terrenos baldíos. Solo en el área central fueron identificados 104 lotes sin uso, aunque el organismo estima que esa cantidad podría multiplicarse por cinco si se relevara toda la ciudad.
La propuesta consiste en acordar con los propietarios la utilización temporal de esos espacios para crear plazas, sectores recreativos, áreas de salud o equipamiento comunitario, otorgando beneficios tributarios mientras permanezcan destinados a esos fines hasta que sus dueños decidan desarrollar otro proyecto.
Cabral señaló además que desconocía el proyecto de ordenanza impulsado por los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos para la recuperación de baldíos, aunque valoró la iniciativa y destacó que modelos similares ya muestran resultados positivos en distintas ciudades del país.
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