La intendenta Rossana Chahla intentará comprar los inmuebles donde funciona la Escuela Municipal y Cooperativa Gabriela Mistral. Envió proyecto al H. Concejo Deliberante.
Después del fallo adverso de la Corte Suprema provincial, la Municipalidad impulsa una nueva alternativa para adquirir los inmuebles. El Ejecutivo confirmó conversaciones con la cooperativa propietaria, mientras la oposición reclama conocer el precio y las condiciones de pago.
Foto: Archivo.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán celebrará este jueves 22 de octubre una nueva sesión ordinaria, en la que uno de los principales asuntos será el tratamiento de un proyecto enviado por la intendenta Rossana Chahla para autorizar la compra de los inmuebles donde funciona la Escuela Municipal y Cooperativa Gabriela Mistral.
La iniciativa representa un cambio de estrategia de la administración municipal para resolver el conflicto por la propiedad del establecimiento educativo, después de que la Justicia provincial declarara inconstitucional la ordenanza mediante la cual se había intentado avanzar con la expropiación de los terrenos.
En declaraciones a Tendencia de Noticias, el secretario general de la Municipalidad, Rodrigo Gomez Tortosa, confirmó que la propuesta fue elaborada después de una serie de conversaciones con los representantes de la cooperativa propietaria de los inmuebles y expresó su confianza en que pueda alcanzarse una solución definitiva. «La propuesta de compra que elevamos al Concejo Deliberante surge precisamente de ese proceso de diálogo y de la voluntad de ambas partes de encontrar una solución consensuada», afirmó el funcionario.
Gomez Tortosa explicó que la decisión de avanzar con una adquisición directa responde a la necesidad de regularizar la situación patrimonial de la institución y brindar previsibilidad a su funcionamiento. «Esta iniciativa tiene como objetivo brindar seguridad jurídica, garantizar la continuidad de la escuela en su ubicación actual y consolidar un proyecto educativo público, gratuito y de calidad», sostuvo.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo municipal obtuvo dictámenes de mayoría y minoría en las comisiones de Peticiones, Legislación General y Acuerdos, y de Hacienda, Presupuesto y Desarrollo Económico. Ambos coinciden en autorizar la adquisición de los inmuebles, aunque presentan diferencias respecto de los mecanismos de control, la determinación del precio y la utilización de recursos presupuestarios.
El dictamen de mayoría propone facultar al Departamento Ejecutivo Municipal para concretar la compra mediante el procedimiento de contratación directa previsto en la Ordenanza de Contabilidad N° 570/80 y su decreto reglamentario.
La iniciativa establece que la operación tendrá como finalidad «garantizar la continuidad educacional, pedagógica e institucional del servicio educativo municipal».
Los cuatro inmuebles comprendidos en el proyecto pertenecen a la Cooperativa de Servicios de Educación y Servicios Sociales Gabriela Mistral Ltda. y se encuentran ubicados en Juan José Paso 169, Juan José Paso 171, Mendoza 2176 y pasaje Roma 174.
La propuesta también establece que las propiedades deberán quedar afectadas específicamente al funcionamiento de la Escuela Municipal Gabriela Mistral y a otros fines educativos municipales complementarios. Cualquier modificación de ese destino requerirá la aprobación de una nueva ordenanza, debidamente fundamentada en razones de interés público educativo.
Además, contempla la derogación de la Ordenanza N° 5.390/24, que había dispuesto la expropiación y cuya constitucionalidad fue cuestionada judicialmente.
Otro de los puntos relevantes es que el proyecto autoriza al Ejecutivo a realizar las reestructuraciones y adecuaciones presupuestarias necesarias para afrontar la adquisición, con imputación a las partidas del presupuesto vigente o de ejercicios posteriores, y comunicación al Concejo Deliberante.
Una solución consensuada
Consultado sobre las posibilidades de concretar la operación, Gomez Tortosa señaló que las conversaciones mantenidas hasta el momento permiten al Municipio concentrar sus esfuerzos en la compra de los inmuebles, sin contemplar por ahora una alternativa de traslado del establecimiento. «Se trata de una solución consensuada, que fue conversada previamente con sus representantes y que busca resolver de manera definitiva la situación del establecimiento educativo», remarcó.
El funcionario también destacó que la adquisición permitiría profundizar las inversiones que la gestión municipal viene realizando en la institución, entre ellas la renovación de sanitarios, la incorporación de equipos de aire acondicionado y el acondicionamiento de aulas y otros espacios. «La adquisición de los inmuebles permitiría dar mayor previsibilidad a esas inversiones, planificar nuevas mejoras y asegurar que el edificio continúe destinado a la educación», indicó.
Revés judicial
El conflicto por la propiedad de la Escuela Gabriela Mistral se remonta a 2024, cuando la gestión de Chahla promovió ante el Concejo Deliberante un proyecto para declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles donde funciona la institución.
La iniciativa fue aprobada mediante la Ordenanza N° 5.390/24, con el respaldo del oficialismo y el rechazo de concejales radicales que cuestionaron la competencia del municipio para disponer una expropiación sin intervención de la Legislatura provincial.
La Cooperativa de Servicios de Educación y Servicios Sociales Gabriela Mistral recurrió a la Justicia mediante una acción de amparo, al considerar que el Concejo Deliberante había excedido sus atribuciones constitucionales.
En una primera instancia, el proceso expropiatorio fue suspendido mediante una medida cautelar. Posteriormente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza, al entender que la declaración de utilidad pública necesaria para una expropiación corresponde al Poder Legislativo provincial y no puede ser dispuesta de manera autónoma por un municipio sin una habilitación legal específica.
La Municipalidad, a través de su Fiscalía, interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, argumentando que la autonomía municipal y las atribuciones reconocidas por la Ley Orgánica de Municipalidades respaldaban la decisión del Concejo.
Sin embargo, el 6 de mayo de 2026, mediante la sentencia N° 549, la Corte rechazó el recurso municipal y confirmó el pronunciamiento que había invalidado la expropiación.
El máximo tribunal provincial sostuvo que la declaración de utilidad pública de un inmueble para someterlo a expropiación «es una atribución expresamente conferida por la Constitución de Tucumán al Poder Legislativo de la Provincia».
La resolución fue adoptada por los jueces Daniel Leiva, Claudia Beatriz Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos, quienes descartaron los argumentos presentados por la Municipalidad para justificar la validez constitucional de la ordenanza.
De esta manera, quedó ratificado que el Concejo Deliberante no contaba con una facultad expropiatoria genérica que le permitiera disponer unilateralmente de los inmuebles de la cooperativa.
El fallo significó un revés para la estrategia original del Ejecutivo municipal, aunque no cuestionó la finalidad educativa de la iniciativa, sino el procedimiento legal utilizado para concretarla.
Ahora, Gomez Tortosa ratificó que la administración municipal pretende mantener la institución en el mismo lugar, independientemente de las dificultades que puedan surgir durante la tramitación de la compra. «La voluntad de nuestra intendenta Rossana Chahla es que la Gabriela Mistral continúe funcionando en su ubicación actual, preservando su historia, su identidad y su carácter público y gratuito», manifestó.
En ese sentido, buscó transmitir tranquilidad a la comunidad educativa respecto de las consecuencias que podría tener la discusión patrimonial. «Estamos trabajando para resolver una cuestión patrimonial por las vías institucionales correspondientes, con responsabilidad y mediante el diálogo, sin que este proceso altere el normal desarrollo de las actividades educativas», aseguró.
El secretario general del Municipio mencionó además la incorporación de nuevas herramientas pedagógicas como parte de la política municipal para fortalecer la institución. Entre ellas destacó SMT EstudIA, la plataforma de inteligencia artificial que comenzó a implementarse como experiencia piloto en la Gabriela Mistral y que apunta a mejorar el acompañamiento de las trayectorias educativas.
La oposición pide conocer el precio y las condiciones de compra
Si bien existe coincidencia sobre la necesidad de garantizar la continuidad de la escuela, el proyecto no consiguió un dictamen unánime en las comisiones.
Los concejales Leandro Argañaraz y Alfredo Terán de Zavalía suscribieron un dictamen de minoría que propone incorporar controles adicionales antes de concretar la operación inmobiliaria.
Entre las principales diferencias, la propuesta establece que el Departamento Ejecutivo deberá remitir previamente al Concejo Deliberante «la tasación oficial del inmueble, la propuesta de precio y condiciones de pago e informes de dominio, gravámenes y deudas que pesen sobre el inmueble».
Además, plantea que el precio de adquisición deberá ser aprobado expresamente por el cuerpo legislativo mediante una ordenanza y que «el precio no podrá ser superior al valor fijado en tasación oficial».
Otra diferencia se relaciona con el financiamiento. Mientras el dictamen de mayoría permite realizar adecuaciones presupuestarias para afrontar la compra, la propuesta de minoría establece que las partidas necesarias deberán incorporarse al presupuesto municipal correspondiente a 2027.
El dictamen alternativo también incorpora una disposición sobre el inmueble donde funciona históricamente la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda, ubicado en Mendoza 2298, para dejar expresamente aclarada su exclusión del alcance de la Ordenanza N° 5.391/24.
Uno de los interrogantes que todavía no tiene respuesta es cuánto estaría dispuesto a pagar el Municipio para adquirir las cuatro propiedades. Consultado específicamente sobre los recursos económicos que se destinarían a la operación y los plazos para concretarla, Gomez Tortosa no precisó cifras ni fechas definitivas.
El funcionario explicó que primero deberá resolverse el tratamiento legislativo y, en caso de obtenerse la autorización, se avanzará con las evaluaciones correspondientes. «A partir de la autorización correspondiente, deberán completarse los procedimientos administrativos, las tasaciones y las demás instancias necesarias para concretar la adquisición», puntualizó.
En cuanto al financiamiento, sostuvo que la gestión municipal pretende llevar adelante la operación «con responsabilidad, transparencia y cuidando los recursos públicos», aunque no detalló de qué partidas saldrían los fondos ni cuál sería el valor estimado de los inmuebles.
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