Crimen de Erika Alvarez: a días del comienzo del juicio «El Militar» Sosa se muestra deprimido y enfermo
DETERIORO FISICO Y MENTAL. La defensa del principal acusado por el crimen expuso las secuelas que sufre tras meses de aislamiento en el pabellón de condenados por delitos sexuales de la cárcel de Benjamín Paz.
El juicio por el femicidio de Erika Antonella Álvarez comenzará el lunes 26 de octubre en Tucumán, con Felipe “El Militar” Sosa como principal acusado y una posible condena a prisión perpetua. A pocos días del inicio del debate, la defensa del imputado denunció que las condiciones de aislamiento que enfrenta desde hace nueve meses en el penal de Benjamín Paz provocaron un importante deterioro de su salud física y psicológica.
El fiscal Pedro Gallo adelantó que solicitará la pena máxima para Sosa, acusado por el crimen de la joven, ocurrido el 7 de enero. En el mismo proceso serán juzgados Justina Gordillo, ex pareja del principal imputado, y Jorge “Chicho” Díaz, empleado de su confianza, quienes enfrentarán cargos por encubrimiento. Para ambos, el Ministerio Público Fiscal anticipó pedidos de seis años de prisión.
El debate también contará con la declaración de Nicolás Navarro Flores, el cuarto involucrado en la investigación, quien ya fue condenado a tres años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado, después de reconocer su colaboración con Sosa. Su testimonio será una de las pruebas centrales de la acusación.
En la antesala del juicio, el abogado defensor Marcelo Cosiansi solicitó a la Justicia que revisara las restricciones impuestas a su cliente en la cárcel de Benjamín Paz. Durante una audiencia, sostuvo que Sosa permanece encerrado unas 23 horas diarias, sin contacto con otros internos y con severas limitaciones para comunicarse con sus familiares y abogados.
“No entiendo cuál es la intención de esta medida. El juicio comienza en menos de 10 días y mi asistido continúa con este trato inhumano”, cuestionó el letrado.
Sosa fue detenido el 15 de enero en Buenos Aires, cuando, según la investigación encabezada inicialmente por la fiscal María del Carmen Reuter, presuntamente intentaba abandonar el país. Posteriormente fue trasladado a Tucumán y alojado en el complejo penitenciario de Benjamín Paz, donde permanece desde entonces.
Cosiansi denunció que su defendido fue ubicado en un sector destinado a condenados por delitos sexuales, pese a que todavía se encuentra procesado. Según explicó, las autoridades penitenciarias justificaron esa decisión por la falta de instalaciones específicas para personas vinculadas con fuerzas de seguridad, aunque sostuvo que esa situación no corresponde a su cliente.
El abogado también aseguró que Sosa padece problemas de salud que no estarían recibiendo la atención adecuada. Entre otras cuestiones, mencionó antecedentes de adicciones, dificultades para acceder a medicamentos recetados y la aparición de protuberancias en distintas partes del cuerpo.
Afirmó, además, que las restricciones afectan su tratamiento psicológico y psiquiátrico, debido a la presencia permanente de personal penitenciario durante las entrevistas.
Según el defensor, cada vez que Sosa abandona su celda para alimentarse es escoltado por varios agentes mediante un dispositivo de seguridad denominado “diamante”, que impide cualquier interacción con otros detenidos.
También cuestionó que las entrevistas con sus abogados deban realizarse a través de una separación de acrílico, circunstancia que, a su entender, dificulta la preparación de la estrategia defensiva de cara al juicio.
“¿Cómo puedo hacer para mostrarle una declaración o hacerle escuchar una declaración?”, planteó durante la audiencia.
Las restricciones, según denunció, también alcanzan a las hijas del acusado, quienes no pueden mantener contacto físico con su padre durante las visitas. Cosiansi advirtió que esa situación podría provocar consecuencias emocionales en las menores y anticipó que evalúa presentar una denuncia por impedimento de contacto.
El letrado agregó que Sosa tampoco puede desarrollar actividades recreativas y que su acceso a la lectura estaría limitado a apenas 15 minutos.
Frente a estos planteos, tanto la representante del Ministerio Público Fiscal como el abogado querellante Carlos Garmendia coincidieron en la necesidad de revisar las condiciones de alojamiento y garantizar la asistencia médica del imputado.
Sin embargo, ambos rechazaron la posibilidad de trasladarlo a otro establecimiento penitenciario.
Finalmente, el juez Alejandro Tomás hizo lugar parcialmente al pedido de la defensa. Aunque no ordenó levantar el aislamiento, dispuso que el Servicio Penitenciario adoptara las medidas necesarias para asegurar la atención sanitaria de Sosa, el suministro de los medicamentos indicados por los profesionales y el contacto con sus abogados y familiares.
La resolución mantuvo las restricciones de seguridad, pero estableció obligaciones específicas para garantizar los derechos del acusado mientras permanece privado de su libertad.
Con este escenario, el proceso judicial ingresará en una etapa decisiva el próximo 26 de octubre, cuando comenzará el debate oral destinado a determinar las responsabilidades penales por el asesinato de Érika Antonella Álvarez.
La Fiscalía buscará demostrar la responsabilidad de Sosa en el femicidio y la participación de Gordillo y Díaz en las maniobras de encubrimiento. La declaración de Navarro Flores, quien reconoció haber colaborado con el principal acusado, será uno de los testimonios de mayor relevancia para reconstruir lo sucedido.
Mientras tanto, la defensa de “El Militar” continuará cuestionando las condiciones de detención de su cliente, en un proceso que podría concluir con una condena a prisión perpetua para el principal imputado.
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