Condenaron a cuatro policías y a un civil a más de diez años de prisión por el secuestro extorsivo de un joven
Tribunales Federales de Tucumán.
Cuatro policías y un civil fueron condenados a penas de entre 10 y 10 años y seis meses de prisión por secuestrar a un joven, mantenerlo cautivo en una dependencia policial y exigirle a su madre un rescate de $240.000 para liberarlo. El hecho ocurrió en febrero de 2024 y comenzó con una falsa compra de marihuana en el barrio privado El Portal del Parque.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán encontró culpables al comisario Gustavo Ezequiel Morales, al oficial principal Ángel Sebastián Gómez, al cabo primero Sergio Daniel Díaz, al agente Franco Javier Jiménez y al civil Facundo Nahuel Amaya.
Los jueces Pablo Toledo, Liliana Snopek y Ángel Luna Roldán consideraron acreditada la responsabilidad de los cinco acusados en el secuestro extorsivo, agravado por el cobro del rescate, la participación de tres o más personas y la condición de policías de algunos de los involucrados.
El engaño que terminó en un secuestro
La maniobra comenzó la noche del 23 de febrero de 2024, a través de un grupo de Telegram llamado “Flores Tucumán” y mensajes de WhatsApp. Amaya, bajo el nombre de “Rafael”, contactó a la víctima, que tenía 28 años, con la excusa de comprarle 20 gramos de flores de cannabis por $30.000.
Alrededor de las 22, los involucrados llegaron a la vivienda del joven, ubicada en Silvano Bores al 300, dentro del barrio privado El Portal del Parque. Amaya le entregó $20.000 y lo convenció de salir a la calle para buscar los $10.000 restantes en un Renault Megane gris, propiedad de Díaz.
Cuando se acercó al vehículo, el joven fue reducido por policías armados y obligado a subir al automóvil. Durante el traslado hacia la Jefatura de Zona III de la Unidad Regional Capital, ubicada en el pasaje 20 de Junio al 300, en el barrio San Cayetano, uno de los captores lo golpeó.
La víctima habia sido secuestrada en la sede de la Jefatura de Zona III.
Una vez en la dependencia, la víctima fue llevada a un comedor situado en el fondo del edificio, donde continuaron las agresiones físicas y psicológicas. Según se acreditó durante la investigación, también la obligaron a desnudarse y le tomaron fotografías.
El procedimiento no quedó registrado en los libros de guardia y no existía una orden judicial ni una investigación abierta en la Fiscalía de Narcomenudeo que justificara la intervención policial.
Cómo cobraron los $240.000
Mientras algunos de los acusados vigilaban al joven dentro de la dependencia, otros regresaron al barrio privado y le pidieron a su hermano el teléfono de un familiar para negociar su liberación. Parte de esos movimientos quedó registrada por las cámaras de seguridad del complejo.
Desde el celular de Amaya se comunicaron con la madre de la víctima. Le dijeron que tenían pruebas que podían vincular a su hijo con el tráfico de estupefacientes, pero que lo liberarían sin que enfrentara una causa penal si entregaba entre $200.000 y $250.000.
La mujer acudió a la dependencia policial, comprobó que su hijo estaba retenido y negoció directamente con los secuestradores. Luego se retiró para reunir el dinero y regresó cerca de las 2 del 24 de febrero. Tras pagar $240.000, pudo llevarse al joven.
La investigación y las pruebas contra los acusados
La causa fue investigada inicialmente por el fiscal federal Agustín Chit y el juez federal José Manuel Díaz Vélez. Los testimonios de las víctimas, la declaración de un policía de guardia que advirtió el ingreso irregular del joven, los peritajes de teléfonos celulares y las imágenes de las cámaras de seguridad resultaron claves para reconstruir lo sucedido.
Díaz, Gómez y Jiménez fueron procesados con prisión preventiva y se dispuso un embargo de $2 millones. Durante su declaración, Díaz intentó desvincularse del secuestro y sostuvo que había salido a tomar un café con Gómez. Según su versión, ambos trasladaron a un conocido hasta el domicilio y actuaron como policías al advertir una supuesta compra de marihuana.
El juicio se realizó en la sede del TOF.
Posteriormente, el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina identificó al jefe de la dependencia, el comisario Morales, y lo detuvo tras un allanamiento en el Barrio Policial IV. En el procedimiento secuestraron armas, municiones, agendas y dispositivos digitales.
Las condenas por el secuestro extorsivo
Durante el juicio oral, el fiscal general Pablo Camuña y el auxiliar fiscal Daniel Weisemberg sostuvieron que Díaz, Gómez y Jiménez tuvieron un papel central en la ejecución del secuestro, mientras que Amaya intervino en el engaño y Morales permitió utilizar la dependencia policial para mantener cautiva a la víctima.
La Fiscalía había solicitado penas de hasta 15 años de prisión para los acusados. Sin embargo, el tribunal fijó condenas de 10 años y seis meses para Morales, Gómez, Díaz y Jiménez, y de 10 años para Amaya. Además, Morales, Gómez, Díaz y Jiménez recibieron una inhabilitación especial de 10 años para ejercer cargos policiales.
Los magistrados consideraron a Morales partícipe necesario y a Gómez, Díaz y Jiménez coautores. En el caso de Amaya, resolvieron que también debía responder como coautor del delito, en lugar de ser considerado un partícipe secundario, como había planteado la Fiscalía.
El fallo dispuso mantener las prisiones preventivas y decomisar el Renault Megane utilizado en el hecho.
Además, el tribunal hizo lugar a la demanda civil presentada por la Defensoría de Víctimas y condenó a los cinco acusados y a la Provincia de Tucumán a pagar de manera solidaria $2 millones a la víctima y $1,5 millones a su madre por daño moral, más los intereses correspondientes.
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