Condenan a cuatro años al hombre al que se le secuestró la mayor cantidad de drogas sintéticas en la provincia
El 30 de mayo la Policía secuestró la mayor cantidad de drogas sintéticas de la historia.
Reconoció haber tenido en su poder drogas sintéticas, aceptó entregar $5 millones y renunció a reclamar la devolución de los más de $6,5 millones que le habían secuestrado, a cambio de recibir una condena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva. Así se cerró definitivamente el expediente más importante que se inició en la provincia por la comercialización de este tipo de estupefacientes. Una vez más, un caso de venta de éxtasis en la provincia tuvo un final que despertará polémicas.
El inicio de esta causa es insólito. El 10 de abril, Luis Enrique Sánchez Loria transitaba en su moto por avenida Aconquija al 1.600 y chocó contra un automóvil. Un policía que lo asistió descubrió que en su mochila llevaba cinco recipientes cuyo contenido después se determinaría que era droga. Por ese caso, nunca quedó detenido, pero sí se le abrió una causa por tenencia simple.
Paralelamente, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas comenzó a investigarlo para tratar de establecer cuál era el origen de la sustancia que transportaba. Al sumar indicios en su contra, el fiscal de Narcomenudeo, José Sanjuán, ordenó profundizar la investigación.
Los pesquisas, actuando como infiltrados, descubrieron que Sánchez Loria tenía su centro de venta en un departamento de Jujuy al 200, en la capital tucumana. Después de haber entrevistado a varios compradores, recabaron información que indicaba que era conocido en el ambiente por comercializar éxtasis, tusi, MDMA y otras drogas sintéticas a personas vinculadas al poder económico y político de la provincia. El 30 de mayo se ordenó realizar un allanamiento.
En el procedimiento, la Policía incautó, entre otras sustancias, 458 pastillas de éxtasis, más de 600 tubos Eppendorf (recipientes utilizados para dosificar drogas sintéticas), cinco frascos de ketamina líquida y 29 troqueles de LSD, conocidos popularmente como “pepas”. Nunca antes se había decomisado esa cantidad de drogas sintéticas en nuestra provincia.
Las sustancias decomisadas fueron valuadas en más de $60 millones. Fueron detenidos Sánchez Loria y Nicolás Enrique Avellaneda, quien era el encargado de realizar las entregas de las dosis que se comercializaban.
El proceso no fue sencillo. Pese a las pruebas, el caso se centró en una discusión técnica. Jorge Montalván Rentería (defensor de Sánchez Loria) y Maximiliano Mavsovich (representante de Avellaneda) plantearon que la investigación se había iniciado de manera ilegal. Ambos argumentaron que, tras el accidente, los policías abrieron la mochila del principal acusado sin autorización, vulnerando sus derechos constitucionales. Solicitaron la exclusión de esa prueba y sostuvieron que, por ende, todo lo actuado posteriormente debía ser declarado nulo.
En medio de esa batalla, Avellaneda, empleado de una empresa de seguridad, decidió declarar para mejorar su situación procesal. El acusado, entre otras cosas, señaló:
– Explicó cómo era el sistema de comercialización y distribución de las drogas que vendían. Detalló que las transacciones nunca se hacían en el departamento donde guardaba las drogas.
– Vinculó a Sánchez Loria con el mundo de las fiestas electrónicas, asegurando que vendían más cuando se organizaban este tipo de encuentros.
– Descartó que Sánchez Loria se dedicara a la producción de drogas sintéticas, como se sospechó por la cantidad de productos decomisados.
– Señaló que su jefe vendía pastillas de éxtasis con el rostro del narco colombiano Pablo Escobar que eran producidas exclusivamente para él.
– Negó tener conocimiento sobre quiénes eran los proveedores de Sánchez Loria.
Por haber brindado toda esa información, Avellaneda arribó a un acuerdo con la Fiscalía y acordó recibir una condena a tres años de prisión condicional por haber participado en la comercialización de drogas. En los próximos días se realizaría una audiencia para convalidar el acuerdo llegado entre las partes.
Sanjuán centró su investigación en Sánchez Loria, pero no pudo conseguir más información. Analizó los tres celulares que se le secuestraron. En dos de ellos no encontró datos de importancia para la causa y el tercero nunca pudo ser abierto porque era un iPhone y el imputado, por recomendación de su defensor, no aportó la clave para que pudiera ser peritado.
El representante del Ministerio Público también indagó sobre el patrimonio del acusado. No encontró ningún dato relevante. No tenía cuentas con grandes sumas de dinero ni había puesto a su nombre vehículos o propiedades.
Ayer, en una audiencia, el juez Guillermo Taylor, tal como lo indican las normas, avaló el acuerdo al no advertir ninguna irregularidad. Sánchez Loria fue condenado por tenencia simple y comercialización de drogas. El expediente quedó cerrado, pero, una vez más, no se logró avanzar sobre los eslabones superiores de la cadena de comercialización. /La Gaceta
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