Clausuran predios y suspenden a cinco empresas por arrojar escombros en el Canal Sur y el Río Salí
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso el cierre preventivo de terrenos utilizados para la descarga irregular de residuos de construcción. Las firmas serán notificadas formalmente este lunes y deberán acreditar habilitaciones y condiciones ambientales para retomar sus actividades.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán clausuró preventivamente distintos predios ubicados en las márgenes del Canal Sur y del Río Salí y dispuso la suspensión temporal de las operaciones de cinco empresas dedicadas al transporte y disposición de residuos de construcción, luego de constatar la descarga irregular de escombros y otros desechos.
Según informaron fuentes municipales a Tendencia de Noticias, las compañías alcanzadas por la medida serán notificadas fehacientemente este lunes.
La investigación fue impulsada por la Fiscalía Ambiental Municipal y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a partir de publicaciones y denuncias difundidas en redes sociales, donde vecinos alertaron sobre el movimiento frecuente de camiones y contenedores en zonas cercanas al Canal Sur y al Río Salí.
A partir de fotografías y videos aportados por particulares, personal de la Brigada Ambiental Municipal y equipos técnicos realizaron inspecciones oculares en los sectores señalados. Durante los recorridos se detectaron grandes acumulaciones de escombros, residuos de construcción, huellas de vehículos de gran porte y sectores que, de acuerdo con las constataciones, eran utilizados de manera habitual para la descarga de materiales.
El fiscal ambiental Javier González explicó que la actuación se enmarca en la política ambiental impulsada por la intendenta Rossana Chahla. “El cuidado del ambiente forma parte de una política pública concreta impulsada por la intendenta. Con esta investigación buscamos garantizar que las actividades vinculadas al transporte y disposición de residuos se desarrollen dentro del marco legal y sin generar daños ambientales”, señaló.
El funcionario indicó además que se solicitó que, oportunamente, se ordene a las empresas involucradas la restauración de los espacios afectados. “También hemos pedido que las firmas señaladas restauren estos espacios degradados y los devuelvan a su estado original”, agregó.
La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca, destacó que la gestión municipal profundizó en los últimos meses las tareas de fiscalización y control. “Desde la Secretaría hemos pasado de una etapa centrada principalmente en la concientización y el acompañamiento a la comunidad, a una instancia de mayor control y aplicación de sanciones. Esto fue posible gracias a la incorporación del Fiscal Ambiental, lo que permitió dar continuidad a numerosas actas labradas que ahora están completando el circuito administrativo correspondiente”, explicó.
La funcionaria recordó además el procedimiento que se aplica en este tipo de actuaciones. “Estas actas son evaluadas inicialmente por el Fiscal Ambiental y posteriormente remitidas al Juez Ambiental, quien emite la resolución definitiva para la aplicación de las multas correspondientes”, precisó.
Durante las inspecciones, los agentes municipales realizaron entrevistas e identificaciones en los lugares intervenidos. Según consta en las actuaciones, una persona que se presentó como cuidador de uno de los predios afirmó que los escombros terminaban siendo desplazados hacia el curso de agua.
La investigación incorporó informes de organismos provinciales que determinaron que los sectores inspeccionados no cuentan con habilitación para el depósito de escombros ni para el desarrollo de actividades vinculadas a la disposición de estos residuos.
Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que la actual gestión municipal ya logró erradicar más del 45% de los basurales existentes al inicio de la administración y que ahora se avanza hacia una etapa de mayor fiscalización y aplicación de sanciones para consolidar una ciudad más limpia, ordenada y ambientalmente responsable.
La resolución fue adoptada por el juez de Faltas Fabián Ruiz Lizondo, quien hizo lugar al pedido del fiscal ambiental y ordenó la clausura preventiva de los predios y la suspensión de las actividades empresariales hasta que las compañías acrediten las habilitaciones correspondientes y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
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