Chile: una polémica zanja antimigración en la frontera marca la primera semana de José Kast en el poder

Los expertos consideran que el Plan Escudo Fronterizo, una de las prioridades del presidente conservador, tendrá impacto en toda la región
A una semana de haber asumido la presidencia, José Antonio Kast dejó en claro cuál será el eje de su gestión: control migratorio y seguridad. Su primera señal política no fue en Santiago ni en el palacio de gobierno, sino en el norte del país, en la frontera con Perú, donde puso en marcha el denominado Plan Escudo Fronterizo.
El mandatario viajó a la zona de Chacalluta, en Arica, acompañado por su gabinete de seguridad, para supervisar personalmente el inicio de las obras. Allí, frente a maquinaria pesada, respaldó la construcción de una zanja destinada a dificultar el ingreso irregular al país. La escena buscó transmitir una imagen de autoridad y acción inmediata frente a un fenómeno que su gobierno considera crítico.
Chile registra actualmente cientos de miles de migrantes en situación irregular, en su mayoría provenientes de Venezuela, en un contexto en el que la migración creció con fuerza en los últimos años. Si bien los ingresos ilegales han mostrado cierta baja reciente, el nuevo gobierno sostiene que los niveles siguen siendo inaceptables y justifican medidas de mayor impacto.
El plan contempla la construcción de una zanja de tres metros de ancho por tres de profundidad a lo largo de unos 30 kilómetros, además de la instalación de tecnología de vigilancia, presencia militar reforzada y uso permanente de drones. La obra debería completarse en un plazo de 90 días y forma parte de un esquema más amplio que apunta a bloquear rutas utilizadas por redes de tráfico de personas.
Desde el oficialismo sostienen que se trata de una medida inicial dentro de un sistema integral. El propio Kast reconoció que la zanja no resolverá por sí sola el problema migratorio, pero la presentó como el punto de partida de una estrategia más ambiciosa.
En paralelo, el gobierno avanzó en otras decisiones que refuerzan su perfil. Entre ellas, la revisión y retiro de decretos ambientales impulsados por la gestión anterior de Gabriel Boric, en una señal de cambio de rumbo que combina seguridad con agenda económica.
Especialistas coinciden en que el plan tiene un fuerte impacto simbólico y comunicacional, aunque advierten que su eficacia real será limitada si no se complementa con políticas regionales coordinadas. La extensión y geografía de la frontera norte chilena hacen difícil un control absoluto, por lo que el fenómeno migratorio difícilmente desaparezca.
El respaldo social, sin embargo, es alto, lo que fortalece políticamente al gobierno en esta primera etapa. Esto deja a la oposición con poco margen para cuestionar el enfoque de fondo, aunque sí puede poner en duda los resultados concretos de las medidas.
El impacto no se limita a Chile. La decisión genera preocupación en países vecinos como Perú y Bolivia, que podrían ver incrementada la presión migratoria en sus territorios si se restringe el ingreso al país trasandino. En ese sentido, Kast planteó la necesidad de que otras naciones adopten políticas similares, lo que introduce un nuevo factor de tensión en la región.
En este escenario, el desafío para el gobierno chileno será demostrar que el endurecimiento de su política migratoria puede traducirse en resultados efectivos, más allá del fuerte mensaje político con el que decidió iniciar su mandato.
