Cayó en Salta el último prófugo de un grupo que cometió varios robos millonarios en Banda del Río Salí

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Una organización delictiva acusada de perpetrar al menos tres robos millonarios en Banda del Río Salí fue desarticulada tras la detención en Salta del último de sus cinco presuntos integrantes. La investigación, desarrollada durante cinco meses por el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, permitió establecer que los sospechosos seleccionaban a sus víctimas mediante información sobre sus movimientos y la disponibilidad de dinero. En uno de los asaltos, incluso habrían utilizado a un niño para amenazar a su padre y obligarlo a entregar una importante suma de efectivo.

El último detenido fue identificado como Roberto Nicolás Pereyra, quien permanecía prófugo desde que los investigadores consiguieron capturar a los otros cuatro acusados. Su localización fue posible mediante intervenciones telefónicas, seguimientos y tareas de inteligencia que permitieron establecer que se encontraba en territorio salteño, donde finalmente fue arrestado durante un procedimiento coordinado.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, Pereyra registra antecedentes penales por robos cometidos en Salta, además de causas por delitos contra la propiedad y detenciones anteriores en Tucumán.

La investigación estuvo dirigida por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de Carmen Reuter, con la colaboración del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la División de Análisis Criminal (DAC). A través del análisis de comunicaciones y otras medidas investigativas, los especialistas lograron identificar a los cinco sospechosos y reconstruir la modalidad utilizada para cometer los delitos.

Uno de los episodios más violentos tuvo como víctima al propietario de una distribuidora mayorista de bebidas de Banda del Río Salí. De acuerdo con la hipótesis fiscal, los delincuentes habían obtenido información de que el comerciante conservaba una considerable cantidad de dinero en su domicilio.

Con ese conocimiento, cinco hombres armados y con sus rostros cubiertos irrumpieron en la vivienda y redujeron a sus ocupantes. Durante el asalto, los atacantes utilizaron al hijo menor del empresario como medio de intimidación para presionarlo y conseguir que entregara el dinero que guardaba.

Sin embargo, el ataque no fue el único que sufrió el comerciante. Tiempo después, la misma organización habría conseguido información sobre otra importante suma de efectivo que permanecía resguardada en una caja fuerte instalada en el galpón de su distribuidora.

En esa oportunidad, los sospechosos modificaron su modalidad delictiva. Aprovecharon la noche para realizar un boquete que les permitió ingresar al establecimiento sin utilizar los accesos habituales. Una vez en el interior, forzaron el cofre de seguridad y sustrajeron otra suma millonaria.

El tercer robo investigado tuvo como damnificado a un hombre que acababa de vender un vehículo. Los investigadores determinaron que los acusados habrían conocido anticipadamente los detalles de la operación comercial y los movimientos de la víctima, información que utilizaron para concretar el ataque y apoderarse del dinero.

La reiteración de procedimientos ejecutados con datos precisos sobre las víctimas permitió a los investigadores establecer conexiones entre los distintos hechos y avanzar sobre la presunta estructura de la organización.

La causa había comenzado en agosto de 2025 y, mediante el análisis de las pruebas reunidas, la Fiscalía consiguió identificar a los cinco presuntos participantes de los asaltos.

Con esos elementos, el Ministerio Público Fiscal solicitó una serie de allanamientos que permitieron detener a cuatro de los investigados. No obstante, Pereyra consiguió eludir los procedimientos y permaneció prófugo durante varios meses.

Lejos de interrumpirse, las tareas investigativas continuaron con nuevas medidas de vigilancia, análisis de comunicaciones y seguimientos destinados a establecer el paradero del sospechoso.

Finalmente, los investigadores obtuvieron información que permitió ubicarlo en Salta y organizar el operativo que culminó con su captura.

Con esta última detención, los cinco presuntos integrantes de la banda quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa el proceso penal destinado a determinar la responsabilidad individual de cada uno en los hechos investigados.

Desde el Ministerio Público Fiscal consideraron que la captura permitió desarticular una organización que habría operado mediante la obtención previa de información económica sobre sus víctimas y que recurrió tanto a la intimidación armada como a técnicas de ingreso clandestino para concretar los robos.


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