ANSES le pedirá a la expresidenta Cristina Kirchner que devuelva unos $1000 millones por jubilaciones y pensiones que cobró
Así lo confirmaron fuentes de Capital Humano a TN. La decisión se tomó después de que la Justicia rechazó una medida cautelar presentada por la expresidenta.
La decisión se tomó después de que el Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, a cargo de Karina Alonso Candis, rechazara una medida cautelar presentada por la expresidenta.
La solicitud de Cristina Kirchner buscaba que se le reestablezca el beneficio de asignación mensual vitalicia que se le habia otorgado viuda del expresidente Néstor Kirchner, con fecha inicial de pago del 14 de diciembre de 2010, y respecto del cual existe sentencia judicial.
Es que, en diciembre, el gobierno de Javier Milei dio de baja la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner y la pensión vitalicia, tras la confirmación de la pena a la expresidenta en la Causa Vialidad.
Cristina Kirchner buscaba reactivar la pensión vitalicia que cobrara como viuda del expresidente Néstor Kirchner. (Foto: EFE)
Según el Ejecutivo, la expresidenta cobrada unos $21.827.624 mensuales netos y, la quita de la jubilación, se justifica, entre otros supuestos, porque se trata de un “beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para expresidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo. No tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- sino que constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor”.
Tras conocerse la decisión del gobierno, la defensa de Cristina Kirchner interpuso un recurso de nulidad para impedir la medida donde consideró que se trata de un paso “ilegal y autoritario” que le hayan sacado los haberes mensuales que percibía por haber sido presidenta de la Nación.
Su abogado aseguró que “no se dio cumplimiento al requisito de permitir la defensa del administrado”. Y agregó: “Si bien la administración argumentó que correspondía suspender la ejecución de un acto administrativo, no explicó los motivos por los cuales dichos argumentos le permiten también quebrantar una ley nacional.
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