Amenazas en las escuelas: la Justicia advirtió a los padres que deberán pagar los costos de los operativos
La ola de amenazas que sacudió a diversas instituciones educativas de Tucumán, tanto públicas como privadas, entró en una nueva fase judicial. El Ministerio Público Fiscal (MPF) comenzó a citar a los padres de los presuntos autores de estos hechos, pero con una advertencia que toca directamente el bolsillo.
El Estado provincial analiza iniciar acciones civiles para que las familias costeen los millonarios gastos que generaron los operativos de seguridad y la parálisis escolar.
Las entrevistas fueron encabezadas por la Unidad Especializada de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira. Durante los encuentros, se les informó a los padres sobre el impacto real que tuvieron las acciones de sus hijos.
No se trató solo de «bromas» o vandalismo menor; las pintadas obligaron a evacuar establecimientos, movilizar brigadas de Criminalística y Delitos Telemáticos, e involucrar a jueces y funcionarios del Ministerio de Educación.
Desde la fiscalía fueron tajantes. Si bien la edad de los menores podría impedir que avance una causa penal con condena (debido a la ley de minoridad), esto no exime a los padres de la responsabilidad civil.
“La autoridad puede instar, en cada caso concreto, acciones tendientes a compensar la erogación de gastos que produjo el supuesto ilícito y los hechos investigados”, señalaron fuentes judiciales tras los encuentros realizados este viernes.
Los padres podrían ser demandados para devolver el dinero que el Estado gastó en el despliegue de patrulleros, personal especializado y el tiempo perdido en el ciclo lectivo.
El Ministerio Público Fiscal busca sentar un precedente para frenar la proliferación de estas amenazas que generan zozobra en la comunidad educativa. Los operativos detallados a los padres incluyeron no solo la presencia policial en las puertas de los colegios, sino también un complejo rastreo tecnológico por parte de divisiones especializadas para dar con el origen de los mensajes y las pintadas.
La situación había escalado en las últimas semanas, lo que obligó a una coordinación inmediata entre directores de escuelas, equipos de contención y prevención, y el propio Poder Judicial.
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