Allanamientos por amenazas en colegios: secuestran dispositivos y analizan un posible “desafío viral”
La Justicia tucumana avanzó este sábado con allanamientos en viviendas de Concepción y Arcadia en el marco de una investigación por amenazas de tiroteo contra el Instituto San Luis Gonzaga, en un contexto de creciente preocupación por hechos similares en escuelas de la provincia.
Las medidas fueron dispuestas en una causa por intimidación pública y están a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Capital, dirigida por la fiscal Marta Mariana Rivadeneira, con autorización del juez Federico Moeykens. La investigación se inició tras una denuncia que advertía sobre la existencia de inscripciones en los sanitarios del colegio y mensajes difundidos vía WhatsApp, donde se anunciaba un presunto ataque armado previsto para el viernes 17 de abril.
Desde el inicio de las actuaciones, el Ministerio Fiscal (MPF) mantuvo una intervención activa y estratégica, orientada a esclarecer el origen de las amenazas. En ese marco, el prosecretario Patricio Reynoso y el auxiliar fiscal Leandro David Abdala supervisaron las tareas de constatación y la recolección de evidencias digitales, que incluyeron capturas de pantalla de estados de WhatsApp y otros canales donde se viralizó el mensaje intimidatorio.
Los allanamientos fueron ejecutados este 18 de abril por la División de Delitos Telemáticos en una vivienda del barrio CGT de la ciudad de Concepción y en un inmueble ubicado en la localidad de Arcadia. Durante los procedimientos, el MPF dispuso el secuestro de celulares, tablets, computadoras, notebooks y dispositivos de almacenamiento externo, además de otros elementos de interés para la causa, entre ellos eventuales armas de fuego o municiones, que serán sometidos a pericias.
De acuerdo con lo informado oficialmente, no se ordenaron detenciones debido al carácter excepcional del Sistema de Justicia Penal Juvenil, ya que las personas identificadas hasta el momento son menores de edad. No obstante, la fiscal Rivadeneira subrayó que la investigación no se limita a establecer responsabilidades individuales, sino que busca determinar si las adolescentes involucradas fueron utilizadas o incitadas por adultos.
En ese sentido, el MPF reveló que ya se registraron al menos 40 denuncias similares en distintas instituciones educativas de Tucumán, lo que refuerza la hipótesis de que estos hechos podrían responder a un “desafío viral”. Según esta línea investigativa, personas desconocidas aprovecharían redes sociales y plataformas de mensajería para inducir a menores a generar amenazas falsas y provocar pánico social.
Como parte de las medidas de protección, la Justicia ordenó la intervención urgente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAYF), con el objetivo de garantizar el acompañamiento integral de las adolescentes involucradas, preservando su dignidad y privacidad mientras avanza la causa.
El expediente continúa en etapa de recolección de pruebas y análisis de los dispositivos secuestrados, con el objetivo de identificar el origen de los mensajes y determinar posibles responsabilidades penales en una serie de hechos que ya impactan de lleno en la seguridad pública y el normal funcionamiento de las instituciones educativas.
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