Alarma en Filosofía y Letras de la UNT por dos casos de violencia de género que las autoridades manejan de manera interna sin denuncia judicial
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa una fuerte crisis institucional luego de que se formalizaran dos denuncias por violencia de género y comenzaran a circular escraches en redes sociales que apuntan contra un estudiante y un trabajador no docente.
Ante ese escenario, las autoridades universitarias pusieron en marcha el Protocolo de Actuación ante situaciones de Violencia de Género y Discriminación, mientras estudiantes de distintas carreras impulsaron una serie de reclamos y medidas durante una asamblea abierta.
Desde la UNT confirmaron que ambas denuncias ya se encuentran en trámite y remarcaron que el procedimiento se desarrolla bajo estricta reserva con el objetivo de resguardar a las personas involucradas.
La directora de Asuntos Jurídicos de la Universidad, Patricia Gerbán, explicó que las actuaciones poseen carácter confidencial precisamente para preservar la identidad de las víctimas. “Su tramitación es reservada a los fines de proteger la identidad de las víctimas”, indicó.
En tanto, Gabriela González, secretaria de Extensión de Filosofía y Letras y responsable del Espacio de Género y Diversidad de la facultad, detalló que la institución cuenta desde hace al menos cuatro años con un área específica para intervenir en este tipo de situaciones.
Según precisó, ese espacio dispone de una profesional especializada en la temática, una psicóloga que brinda atención individual y participa en talleres vinculados a prevención y acompañamiento.
La funcionaria aclaró que el acercamiento inicial al servicio no implica automáticamente la apertura de una denuncia formal. Señaló que muchas personas llegan al espacio para exponer situaciones personales, recibir orientación o asesoramiento y que esos procesos deben respetar los tiempos y decisiones individuales.
“Muchas veces las personas se acercan al servicio, cuentan alguna situación y no están convencidas de hacer la denuncia. Esos son procesos que, por supuesto, hay que respetar”, explicó.
Cuando una persona decide formalizar la acusación, se confecciona un acta y posteriormente el equipo técnico elabora un informe. Esa documentación es remitida a las autoridades de la unidad académica, que tienen facultades para adoptar medidas preventivas. Más adelante, el expediente es enviado en sobre cerrado al Rectorado y derivado finalmente a Asuntos Jurídicos, área encargada de llevar adelante la investigación administrativa.
González confirmó que actualmente existen dos denuncias activas dentro del ámbito universitario y remarcó que existe una diferencia entre tener conocimiento de hechos o consultas y el inicio formal de actuaciones.
“Ambas denuncias están siendo tramitadas”, sostuvo, al tiempo que aclaró: “Tomar conocimiento de los hechos no es lo mismo que haya una denuncia efectiva”.
La responsable del área también señaló que la universidad interviene únicamente mediante un procedimiento administrativo interno y no a través de una causa judicial penal.
“No estamos hablando de un proceso penal. Es un proceso interno y administrativo que se lleva a cabo ante estas situaciones”, puntualizó.
En medio del conflicto, la institución emitió además un comunicado donde recordó que las claves de acceso al Campus Virtual y a las cuentas de correo institucional son personales e intransferibles, y advirtió sobre la gravedad de determinadas conductas vinculadas a la intimidad digital.
“Ninguna actividad académica o política justifica ceder estos datos. El acceso no autorizado a archivos privados, la invasión a la intimidad y el ciberacoso constituyen conductas graves y son formas de violencia de género contempladas en la Ley Olimpia Nº 27.736 y no tienen lugar en nuestra institución”, señaló el texto oficial.
Mientras continúan las actuaciones internas, estudiantes de distintas carreras realizaron una asamblea abierta convocada por compañeros y compañeras que reclamaban respuestas frente a los hechos conocidos recientemente.
El encuentro buscó convertirse en un espacio de intercambio, escucha y debate colectivo sobre las situaciones denunciadas y derivó en una serie de resoluciones aprobadas por votación.
Entre las principales mociones se destacó la creación de comisiones de Género y Diversidad en cada asamblea de carrera y la conformación de una comisión central unificada con representación votada en asamblea general.
Los participantes también impulsaron el pedido de suspensión preventiva tanto del estudiante como del trabajador no docente señalados en las denuncias.
Asimismo, se aprobó un pronunciamiento crítico hacia la conducción actual del Centro Único de Estudiantes de Filosofía y Letras (Cuefyl), cuestionando su accionar por no haber intervenido frente a situaciones que, según plantearon, ya eran conocidas previamente.
La asamblea avanzó además con propuestas para desarrollar un protocolo interno destinado a prevenir y abordar casos de violencia y acoso dentro de agrupaciones y espacios estudiantiles, junto con una revisión del protocolo vigente de la UNT y un pedido de informes sobre el presupuesto asignado a la Secretaría de Género.
La situación mantiene en estado de tensión a la comunidad universitaria y abrió un nuevo debate sobre los mecanismos institucionales de prevención, acompañamiento y respuesta frente a denuncias vinculadas con violencia de género dentro de los espacios académicos.
About The Author
