Advierten que los salarios universitarios son los más bajos desde 2003: “La situación es crítica”
El dato surge tras un informe elaborado en un plenario de rectores de todo el país. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los sueldos acumularon un incremento del 158%, mientras que la inflación en el mismo período alcanzó el 280%
La crítica situación que atraviesa el sistema universitario argentino suma una nueva señal de alarma. Rectores de distintas casas de estudio del país advirtieron que los salarios del sector docente y no docente alcanzaron su nivel más bajo en los últimos 23 años, en el marco de un fuerte ajuste presupuestario que impacta de manera directa en el funcionamiento de las universidades nacionales.
El diagnóstico surge de un informe elaborado por el Centro Universitario Nacional, dado a conocer en el marco de su 95° Plenario de Rectoras y Rectores en la Universidad Nacional de La Pampa. Allí se describe, además, un deterioro sostenido en las partidas destinadas al sostenimiento de las instituciones, que condiciona actividades académicas, administrativas y de investigación.
Según el documento, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los salarios universitarios aumentaron un 158%, muy por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, que alcanzó el 280%. Esa diferencia se tradujo en una pérdida del poder adquisitivo del orden del 32%, con efectos directos sobre el ingreso real de trabajadores y trabajadoras del sistema.
La magnitud del deterioro no se limita a porcentajes: el informe estima que la caída equivale a la pérdida de aproximadamente 7,3 salarios mensuales en poco más de dos años, tomando como referencia los ingresos de fines de 2023. Ese desplome posiciona a los ingresos del sector en niveles entre los más bajos desde el retorno de la democracia.
Números que están lejos de cerrar
Para intentar revertir esta situación, los rectores calculan que sería necesaria una recomposición salarial del 47,3% respecto de los valores vigentes a febrero de 2026, con el objetivo de recuperar el poder de compra previo al cambio de gestión nacional. Esta cifra contrasta con las propuestas oficiales, que resultan considerablemente inferiores.
El problema salarial forma parte de un ajuste más amplio que afecta al conjunto del sistema universitario. El informe indica que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, implicando una reducción inédita de recursos para el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
En particular, el poder adquisitivo de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento no se recuperó en ningún momento del actual período de gobierno. Según los datos relevados, estas partidas no superaron el 64% de su valor real respecto de enero de 2023 y actualmente rondan el 40%, lo que en términos acumulados equivale a la pérdida de casi nueve meses completos de financiamiento.
No hay plata para la educación
El ajuste impacta además en áreas clave que sostienen la vida universitaria: las partidas para ciencia y técnica en 2025 representaron apenas el 38,05% del nivel de 2023, y la inversión en extensión universitaria fue todavía más afectada, alcanzando apenas el 1,02% del nivel previo.
Los programas de apoyo estudiantil también muestran un retroceso significativo. Las Becas Progresar, una herramienta central para el acceso y la permanencia en la educación superior, presentan un deterioro crítico. El presupuesto destinado a su financiamiento se redujo un 82% en términos nominales entre 2025 y 2026, lo que supone una caída superior al 95% en términos reales respecto de 2023; en algunos rubros vinculados al acompañamiento de trayectorias no se registró ejecución presupuestaria.
Este escenario coincide con datos del CEPA que reflejan el impacto concreto del ajuste en los ingresos del personal universitario: la mayoría de los trabajadores del sistema percibe salarios por debajo de 1.300.000 pesos.
En términos de escalafón, un profesor titular con dedicación exclusiva presenta un básico bruto de poco más de 1,45 millones de pesos, un adjunto ronda los 1,13 millones y un jefe de trabajos prácticos no supera los 975 mil pesos; en las categorías más bajas los ingresos descienden considerablemente.
La comparación con el costo de vida resulta especialmente crítica: en enero de 2026 la Canasta Básica Total se ubicó en 1.360.299 pesos, cifra que sitúa a parte significativa del personal universitario en el límite o por debajo de la línea de pobreza.
El ajuste sobre los salarios tiene un peso determinante dentro del recorte general: según el CEPA, los ingresos del personal representan en promedio el 86,9% del gasto universitario, por lo que cualquier reducción en este rubro repercute de manera directa en la estructura institucional. Entre 2023 y 2026, el recorte sobre salarios alcanzó el 43,2% en términos reales.
Una nueva semana de paro docente
La falta de implementación plena de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) agrava el conflicto. Esa norma establece la recomposición de salarios en función de la inflación acumulada desde diciembre de 2023; de haberse aplicado, los salarios habrían quedado apenas un 1,3% por debajo de los niveles de fines de 2023. En cambio, el esquema propuesto por el Gobierno contempla aumentos escalonados que totalizan apenas un 12,3%, muy insuficientes para recuperar el poder adquisitivo perdido.
Frente a este panorama, las universidades manifestaron públicamente su preocupación. La Universidad de Buenos Aires declaró la emergencia salarial y presupuestaria y exigió la aplicación de la ley vigente, subrayando que su cumplimiento es fundamental para garantizar la enseñanza, la investigación y la extensión.
Las tensiones se trasladaron al calendario académico: gremios docentes y no docentes nucleados en el Frente Sindical Universitario realizaron una semana de protestas que afectó el inicio del ciclo lectivo en varias instituciones, en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento.
El panorama descrito por rectores, especialistas y trabajadores configura una crisis estructural que compromete no solo el presente del sistema universitario sino también su futuro. La pérdida de poder adquisitivo, la reducción de becas, la paralización de la inversión en infraestructura y el debilitamiento de la investigación científica plantean interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo público universitario, que históricamente fue un pilar del desarrollo educativo y científico del país.
En este marco, los rectores coinciden en que la recomposición presupuestaria y salarial no es solo una demanda sectorial sino una condición necesaria para preservar el funcionamiento de las universidades públicas y su rol estratégico en la sociedad.
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