Advierten que Argentina puede iniciar acciones penales contra directivos de petroleras que buscan explotar hidrocarburos

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El canciller aseguró que el Gobierno usará todas las herramientas legales, diplomáticas y judiciales para frenar el proyecto Sea Lion. También reclamó que el Reino Unido acate un eventual fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El canciller Pablo Quirno advirtió este jueves que la Argentina puede iniciar acciones penales contra los directivos de las empresas petroleras que buscan explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas. Aseguró además que el Gobierno recurrirá a todos los instrumentos legales, diplomáticos y judiciales para impedir el avance de esos proyectos.

“Nosotros creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones y vamos a seguir con ellas”, afirmó el funcionario al referirse a las compañías involucradas en el proyecto Sea Lion, en una zona marítima cuya soberanía está en disputa con el Reino Unido.

Procesos contra personas físicas

En declaraciones a Radio Rivadavia, Quirno fue consultado sobre la posibilidad de avanzar con procesos judiciales contra personas físicas en territorio argentino. Respondió: “Absolutamente, sí, absolutamente”.

Recordó que las dos compañías ya fueron sancionadas bajo la legislación argentina y sostuvo que la administración de Javier Milei seguirá utilizando distintos mecanismos para evitar que avancen con la explotación de los recursos naturales del archipiélago. “Argentina va a utilizar todos los instrumentos que tiene al alcance de su legislación y también en los foros internacionales para impedir que la explotación de recursos naturales en las Malvinas suceda”, enfatizó.

Sus dichos se conocieron luego de que el diario británico The Guardian publicara este jueves que la Argentina había advertido a directivos de Rockhopper Exploration sobre la posibilidad de enfrentar procesos penales, penas de prisión y multas por su participación en el proyecto.

Planteo ante el Tribunal del Derecho del Mar

Quirno defendió la presentación del Gobierno argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo (Alemania), para solicitar medidas provisionales que permitan suspender las actividades de explotación hasta que se constituya el tribunal arbitral que examinará la controversia.

Explicó que la urgencia se debe a que el inicio de la explotación está previsto para el primer trimestre de 2027, por lo que la Argentina busca evitar que las actividades comiencen antes de que exista una resolución.

“Está claro que esto es una acción unilateral, está claro que el Reino Unido hace caso omiso a estas resoluciones”, sostuvo, en referencia a las disposiciones de Naciones Unidas que, según la posición argentina, obligan a las partes a abstenerse de actos unilaterales mientras persista la disputa de soberanía.

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El canciller aclaró que la presentación no pretende que el tribunal resuelva la cuestión de soberanía, sino el conflicto vinculado con la explotación de los recursos naturales. “El Tribunal Internacional del Mar no tiene jurisdicción para tratar temas de soberanía. Argentina está planteando en el tribunal justamente el tema de sus recursos naturales y ahí es donde se centra esta discusión hoy”, explicó.

Si el fallo favorece la posición argentina, afirmó que el Reino Unido debería cumplirlo, por tratarse de un mecanismo previsto en una convención internacional de la que ambos países son parte. “Uno espera que el Reino Unido, en caso de que se dé ese resultado, acate las órdenes, porque si no sería contrario a las propias disposiciones de un acuerdo del que ellos son parte y estaría en contra del derecho internacional”, señaló.

Conexión marítima con Punta Arenas

Consultado sobre una eventual reactivación de la conexión marítima entre Punta Arenas (Chile) y las islas, Quirno aclaró que la legislación argentina no exige autorización para la libre circulación de embarcaciones, aunque sí prevé permisos específicos para los buques que transportan carga desde y hacia el archipiélago.

“Existe un marco de libre circulación. Lo que sí existe es legislación argentina que indica el pedido de autorización a buques que vayan y vuelvan con carga hacia y desde las Islas Malvinas, porque obviamente consideramos que es territorio argentino”, explicó.

Manifestó su expectativa de que las compañías que operen esa conexión cumplan con las normas argentinas y de que Chile mantenga su postura histórica de respaldo al reclamo de soberanía y de no colaboración logística con la explotación de recursos en las islas.

Una estrategia más amplia

Por último, el canciller señaló que la ofensiva judicial forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Milei, que incluye el desarrollo de una base naval integral en Ushuaia y modificaciones legislativas para reforzar la defensa de los intereses nacionales en el Atlántico Sur.


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